Fomento suscribe el primer convenio contra "efectos injustos de desahucios"

El consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, y los representantes de la Federación de Municipios y de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores, Economistas y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han suscrito este martes el convenio por el que se determina la participación de estas entidades en el funcionamiento del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, dependiente de la Consejería, "con el propósito de prevenir, atender y paliar la pérdida de la vivienda habitual en procedimientos de desahucio".

El consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Francisco Bernabé, y los representantes de la Federación de Municipios y de los colegios profesionales de Abogados, Procuradores, Economistas y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia han suscrito este martes el convenio por el que se determina la participación de estas entidades en el funcionamiento del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, dependiente de la Consejería, "con el propósito de prevenir, atender y paliar la pérdida de la vivienda habitual en procedimientos de desahucio".

Bernabé ha agradecido la "excelente disposición que todos los firmantes han mostrado para colaborar en lo que consideramos una causa justa, ya que se trata de preservar el derecho a un techo digno de las familias necesitadas que se vean afectadas por un procedimiento de desahucio de su única vivienda".

El siguiente paso es la firma de otro convenio, en las próximas semanas, con las entidades bancarias, para poder disponer de una bolsa de viviendas destinada a alquiler social.

Bernabé ha recordado que el Gobierno regional y los municipios, "ante la situación creada por la crisis económica y dada la compleja situación en la que se encontraban muchas familias, suscribieron en julio de 2013 un convenio de colaboración para la puesta en funcionamiento del Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria".

Este servicio ha atendido desde entonces cerca de 500 casos, y ha ofrecido asesoramiento económico, financiero y jurídico propio de la situación, e incluso se ha acompañado a los usuarios en la renegociación de su hipoteca con sus entidades financieras.

"Ahora, con el respaldo que nos brinda la recién aprobada Ley de Vivienda, queremos llegar más allá y a más personas", ha añadido, para después puntualizar que el objetivo es "dar un paso al frente acompañados, como hasta ahora, por los municipios y los economistas, y sumando a este frente a los abogados, por medio de sus colegios profesionales, a los procuradores, y a los agentes de la propiedad inmobiliaria, de modo que la acción resulte más eficiente, más extensa y más certera".

Como colaboración principal, se remitirá a los firmantes de este convenio a aquellas personas que reúnan los requisitos para acceder a la mediación con la entidad financiera, facilitando, con carácter gratuito, la orientación, el asesoramiento y las tareas de interlocución que sean necesarias.

También se informará a los interesados sobre la posibilidad de acceder a las bolsas de viviendas de alquiler social de las que dispongan las entidades financieras, así como a las de titularidad de los ayuntamientos y la Comunidad.

Para poder acceder al servicio, los interesados han de reunir una serie de condiciones, entre las que se encuentra que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere tres veces el lndicador Público de Renta de Efectos Múltiples, y que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

Otro de los aspectos necesarios es que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar; que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma, y que el precio de adquisición de la vivienda habitual al que se encuentra referida la hipoteca sea inferior a 300.000 euros.

Asimismo, la vivienda hipotecada, que ha de estar ubicada en la Región de Murcia, ha de ser la única que posea su titular, que tendrá que estar empadronado en un municipio de la Región.

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