El juzgado de instrucción número 2 de Valencia ha remitido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la querella de EUPV contra la portavoz del Consell y consellera de Educación, María José Català, y el vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, José Císcar, por denegación de documentación. Ambos cuentan con ocho sentencias en contra entre 2013 y 2014 por esta cuestión.

La magistrada, que remite esta providencia tras recoger un informe de Fiscalía sobre la querella de EUPV, advierte de que las actuaciones denunciadas podrían tener encaje en la figura recogida en el Código Penal que establece que "incurrirá en pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años, la autoridad o funcionario que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos en la Constitución o en las leyes.

En el caso de la portavoz del Gobierno, María José Català, la magistrada señala que "ha venido denegando la información que se le solicitaba" por parte del algunos diputados de EUPV. En concreto, se denegó la entrega de documentación en relación con el 'Plan para el diagnóstico y la revisión técnica de centros escolares del País Valenciano' y el listado de centros incluidos en este plan; el 'Informe de inspección técnica del CEIP Hispanitat de Santa Pola'; la Aaprobación del gasto de contrato menor con la empresa DV-Cuatro SL y la factura correspondiente'.

Otra documentación denegada se refiere al 'Informe de inspección técnica de edificios del CEIP Rafael Altamira de El Campello'; sobre 'Centros educativos que tengan instalaciones con fibrocemento similar al CEIP Ciutat de Bolonya'; la 'Constitución de la Universidad Internacional Mare Nostrum'; y el 'Informe sobre la creación de Educación infantil y primaria en El Campello'.

Estudios de opinión

Por lo que se refiere al vicepresidente del Consell, la documentación que solicitó EUPV y le fue denegada se refiere a seis estudios de opinión trimestrales que encarga el Gobierno valenciano y que son elaborados por empresas externas; el contrato con una de ellas y también el 'contrato laboral o de alta dirección de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y el que fuera su director general Ernesto Moreno.

La magistrada señala que "cabría entender que existe una conducta" por parte de ambos miembros del Gobierno valenciano relativas a la denegación de información y documentación que "podrían ser constitutivos de delito". Por tanto, eleva esta providencia al TSJCV porque es el correspondiente para decidir sobre su enjuiciamiento.

Estas diligencias tienen su origen en la querella que EUPV presentó contra EUPV se querella contra José Císcar, María José Català, Máximo Buch e Isabel Bonig— y el exconseller y actual delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, por considerar que han vulnerado derechos civiles ciudadanos fundamentales al denegar o dilatar la entrega de documentación a la formación sobre distintos contratos y actuaciones del Consell.

Sin embargo, en el informe que se le encargó a Fiscalía sólo se estima actuar sobre dos de ellos —Català y Císcar— porque se considera que hay una actuación dolosa. Es decir, que el impedimento "se produjo a sabiendas", dado que tenían varias sentencias en contra.