El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado por "acreditada" la existencia de una 'caja B' del Partido Popular al terminar la investigación de los 'papeles de Bárcenas'.

Se ha levantado la imputación a 22 personas, entre ellas el ex secretario general Ángel Acebes  En un resumen del auto al que ha tenido acceso 20minutos, el magistrado propone "llevar a juicio por delitos contra la Hacienda pública" a los tres exresponsables de la formación política, Luis Bárcenas, Alvaro Lapuerta y Cristóbal Páez así como los dos responsables de la empresa Unifica —encargada de remodelar la sede del PP en la calle Génova—, Gonzalo Urquijo y Belén García y a su empleada Laura Montero.

Según este auto, a los extesoreros 'populares' Bárcenas y Lapuerta se les imputa además los delitos de apropiación indebida, mientras que a los responsables de Unifica se les imputa también un delito de falsedad documental.

Ruz considera "presuntos responsables civiles subsidiarios" tanto al PP como a Unifica por el pago en negro de las obras de su sede a dicha empresa, una cantidad que el magistrado cifra en 1.552.000 euros.

El juez también levanta la imputación de 22 personas, entre ellos varios empresarios que aparecen como donantes en los papeles manuscritos del extesorero y el ex secretario general del PP, Ángel Acebes

En el auto, Ruz envía asimismo a un juzgado de Toledo, por un posible delito de prevaricación, la vertiente del caso que investiga la adjudicación supuestamente irregular a una filial de la constructora Sacyr de un contrato de basuras del ayuntamiento de la ciudad, que pudo responder a una donación de 200.000 euros de esa empresa para la campaña municipal de la actual presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

Fuentes de financiación ajenas al circuito legal

En dicho auto, el juez Ruz asegura que tras esta investigación "ha quedado indiciariamente acreditado que la formación política Partido Popular desde 1990 y hasta al menos 2008 se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal".

Dichas fuentes permitieron operar al PP —"al menos durante los 18 años investigados", matiza el auto—, con "varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas. Estas cuentas han funcionado, durante ese tiempo, "a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o 'cajas b".

Esa 'caja b' habría sido destinada, detalla el auto, con los siguientes fines: al pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el PP, al pago de gastos generados en campañas electorales, al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del PP o relacionados con su actividad, así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del PP.

El PP no puede ser juzgado por financiación ilegal

La otra vertiente delictiva es la apropiación de 139.400 euros de la 'caja B' por parte de Lapuerta, un dinero que destinó a comprar acciones de Libertad Digital, que luego vendió pero que no devolvió al PP, sino que lo incorporó a su patrimonio personal, todo ello con el conocimiento de Bárcenas.

Ruz recuerda en el auto que no puede juzgar al PP por financiación ilegal —no está tipificado todavía como delito— y considera "improcedente" acudir a un artículo del Código Penal que le permite proponer al Gobierno que se sancione penalmente una conducta no tipificada, porque, dice, en la reforma de este código que se tramita se van a incluir estos delitos para los partidos políticos.

Tras este auto de conclusión de la instrucción, el juez da 20 días a las partes para solicitar la apertura de juicio oral y presentar sus escritos de acusación, en los que se definirán las penas pedidas por la Fiscalía y el resto de acusaciones para los seis encausados.