La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha suspendido las declaraciones previstas para esta semana de 35 nuevos imputados por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla después de que la Fiscalía Anticorrupción haya planteado la prescripción de los delitos atribuidos a 12 de estos imputados.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada suspende las declaraciones para resolver antes la petición planteada por la Fiscalía, que ha solicitado a la instructora que "declare la prescripción de las conductas de aquellos imputados perceptores de ayudas directamente o en nombre de personas jurídicas cuyo importe sea claramente inferior a 450.000 euros siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda" al dictado del auto de imputación del 6 de febrero "hayan pasado más de 10 años".

El Ministerio Público considera que, en esta situación procesal, se encontrarían hasta 12 de los nuevos imputados —uno de ellos ya fallecido—, por lo que Alaya da traslado de la petición del fiscal a las acusaciones particulares y populares "a fin de que en el término de tres días manifiesten a lo que su derecho convenga en relación con la posibilidad, en determinados casos, de la prescripción de las conductas delictivas imputadas" y suspende las declaraciones programadas "hasta tanto se resuelva".