La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la sentencia que condenaba a un total de 32.130 euros en multas, por un delito de desórdenes públicos, a los 44 estudiantes -720 euros cada uno- que fueron juzgados por ocupar la Conselleria de Educación el 22 de mayo de 2012 para protestar contra los recortes del Govern en materia educativa. Cinco de ellos deberán pagar además otros 90 euros por un delito de lesiones.

Mediante una resolución de 22 páginas, el tribunal de la Sección Primera desestima de este modo los recursos interpuestos por los alumnos que, tras conocer en su día el fallo, lamentaron que la Justicia "nuevamente ha vuelto a responder a intereses políticos" y que volverían a acceder a la Conselleria para protestar "contra la actitud despótica" del Govern, una actitud que "se ha agravado" y contra la que "hay que seguir luchando".

"Es evidente y nadie lo pone en duda, la legitimidad de la protesta que corresponde al estudiante como sujeto pasivo de los recortes en materia de Educación máxime en una jornada de huelga general", asevera la sentencia, ya firme. No obstante, precisa que esta actuación "debe desarrollarse en un contexto adecuado de paz social, de respeto a las normas de convivencia y de armonía e interdicción de situaciones violentas".

Es por ello que, según el tribunal, lo anterior "no es compatible con actuaciones de ocupación, con forcejeos ante la negativa de consentir el acceso, con los insultos proferidos y con el hecho objetivo del desalojo no voluntario que tuvo que ser finalmente ejecutado por la Policía, causado por la oposición -eso sí, no violenta y sin resistencia- a abandonar el lugar".

La Sala abunda en el hecho de que la protesta se produjo en un "contexto reivindicativo", un contexto "legítimo y necesario en el más elemental derecho a defender una educación pública", si bien, "en definitiva, se produjo una extralimitación que derivó precisamente en una vulneración o alteración del orden en el seno de la Conselleria".

Durante el juicio, celebrado en julio del pasado año, los acusados, la mayoría de ellos defendidos por el abogado Josep de Luis, aseguraron que accedieron de forma "pacífica y no violenta", aseverando que ningún funcionario les impidió el paso y que incluso el personal de este departamento "les animaba y aplaudía".

En la vista oral se vivieron momentos de tensión -una de las acusadas se desmayó mientras declaraba- y se desplegaron fuertes medidas de seguridad. Los inculpados estuvieron respaldados por los más de 200 manifestantes que se congregaron a las afueras de los Juzgados de Vía Alemania de Palma con tambores y a gritos de "Jo també hi hauria entrat" ("Yo también habría entrado").

Tal y como relata la sentencia confirmada, los estudiantes se congregaron en la sede de la Conselleria, convocados por la Asamblea de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en cuya fachada colgaron en primer lugar una pancarta contra los recortes. Tras ello, entraron en las dependencias "gritando y coreando consignas de protesta".

Según la resolución judicial, cinco de los acusados "zarandearon y agarraron con fuerza" a una trabajadora del primer piso, para posteriormente ir subiendo plantas hasta llegar a la cuarta, donde se encontraba el despacho del entonces conseller Rafael Bosch, gritando consignas en contra de los recortes presupuestarios en materia educativa.

En su sentencia, la jueza considera probado que cinco de los inculpados zarandearon a la jefa de gabinete del conseller cuando ésta trataba de impedirles el acceso al despacho de Bosch, tras lo cual todos ellos se sentaron en el suelo del cuarto piso mientras uno leía un texto con un megáfono y otro tocaba un violín, hasta que la Policía les obligó a desalojar el lugar agarrándoles del brazo uno a uno.

Las defensas solicitaban la absolución de los estudiantes

Las defensas solicitaban, por su parte, la libre absolución de sus patrocinados, quienes, ataviados con camisetas verdes que se han convertido en símbolo de protesta contra la política lingüística y educativa del Ejecutivo presidido por José Ramón Bauzá, defendieron que en ningún momento llevaron a cabo acto violento alguno y velaron durante la protesta para que la misma se desarrollase con normalidad.

La resolución de la Audiencia recalca sin embargo que la perturbación del orden que se produjo debe ser calificada como "grave", por cuanto, si bien no se utilizaron medios peligrosos, "sí se produjo un concreto suceso violento que produjo cierto pánico, zozobra y angustia como consecuencia de la acumulación de personas soportada en la entrada de las dependencias del despacho del conseller".

Los magistrados consideran probado además que los estudiantes no contaban con autorización administrativa para manifestarse en el interior de la Conselleria, lo que, además, "se trató de una ocupación y su intención inicial era no moverse de allí hasta que las políticas educativas fuesen modificadas".

Un estudiante denunció a la jefa de gabinete de bosch

Se da la circunstancia de que uno de los estudiantes llegó a interponer una denuncia contra la jefa de gabinete de Boch a raíz del golpe en la cabeza que supuestamente le propinó durante el acto de protesta. En su denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el afectado aseveraba que las tres personas que en ese momento se encontraban en la Conselleria, entre ellas la denunciada, querían encerrarle a él y a sus compañeros, tras lo cual "hubo una serie de empujones para intentar salir y esas tres personas no lo permitían".

Tal y como relataba en el escrito, un compañero de la jefa de gabinete, en ese forcejeo, tiró al suelo a Rodríguez de forma accidental, y cuando ésta se levantó del suelo se dirigió hacia el estudiante y le pegó un golpe en la cabeza, "tipo colleja contundente".