La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad autónoma andaluza, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, ha intervenido más de 34.000 boletos de una lotería ilegal a la organización OID (Organización Impulsora de Discapacitados). Al parecer, iban a ser distribuidos por diversas localidades de Sevilla aunque, finalmente, los han localizado en un vehículo.

Según ha informado la Junta en una nota, con esta intervención, los agentes del área de Juego y Espectáculos Públicos han protagonizado la operación "más importante" que se ha desarrollado en la provincia, contra este tipo de cupones clandestinos, durante los últimos tres años.

En este sentido, ha recordado que la Unidad de Policía de la Junta ha denunciado en varias ocasiones a vendedores de la OID que trabajan de forma ilegal, apostillando que la mayoría de ellos no están autorizados ni dados de alta en la Seguridad Social para el desarrollo de esta actividad.

Además, ha explicado que estos boletos tienen apariencia y caracterísiticas similares a los cupones de la ONCE, advirtiendo de que pueden inducir a confusión a los compradores.

Asimismo, la Administración autonómica ha insistido en que estos sorteos no autorizados tampoco abonan las tasas fiscales correspondientes y que, por tanto, esta actividad ilegal supone un fraude para la Hacienda Pública y una competencia desleal para las organizaciones debidamente autorizadas y que cumplen sus obligaciones tributarias.

Así, la Policía de la Junta ha llevado a cabo, durante 2014, 213 inspecciones y ha levantado un total de 269 actas de denuncia, según el balance de las actuaciones de esta unidad policial dependiente de la Consejería de Justicia e Interior.

En su lucha contra el juego ilegal, ha realizado en Sevilla un total de 2.787 inspecciones en máquinas recreativas, sobre las que ha levantado 39 denuncias. Además, los agentes han precintado 38 de estas máquinas, han decomisado 27 y se han incautado de más de 67.000 cartones de bingo ilegal y más de 19.000 euros en metálico.

Así las cosas, cabe recordar que tanto la Policía adscrita como los inspectores de la Junta realizan funciones de vigilancia y de prevención para evitar que se cometan infracciones en este ámbito y que, como parte de esta labor disuasoria, ofrecen información de la normativa vigente y de las repercusiones que acarrea su incumplimiento.