Las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Universidades (UGT, CCOO, CSIF y STAR) y la Asamblea de Estudiantes han convocado una huelga en las universidades públicas, este martes 24 de marzo.

Una convocatoria que ha sido presentada esta mañana, en una comparecencia de prensa, en la que han explicado que los motivos de la huelga, que pasan entre otros, porque no quieren reformas "impuestas sin consenso con la comunidad educativa", o porque creen que el nuevo Decreto, al que se denomina popularmente como '3+2', "encarece los estudios universitarios", logrando "expulsar al alumnado con menor poder adquisitivo".

Además se niegan a la "desregulación" y "flexibilización" en la creación de centros y universidades, y a un sistema que permite una acreditación "menos objetiva" y "sin demostrar experiencia docente". También, exigen que se pare el despido de profesorado y personal de administración y servicios, y se evite el "estrangulamiento" económico en la financiación de las universidades públicas.

Han insistido en que el Real Decreto '3+2', es una "medida de ajuste económico que encarece la formación para los estudiantes que necesiten adquirir mayor especialización con los estudios de Máster". Han lamentado que "se expulsará de la universidad a aquellos alumnos que no puedan pagar esa especialización porque son estudios mucho más caros que los grados y supondrá una pérdida de alumnado en las universidades públicas".

Han apuntado que "sólo el 20 por ciento de los egresados cursa estudios de Master, lo que sin duda, afectará al personal de las Universidades Públicas, tanto docente como no docente". También, han dicho que "no se sustenta en razones académicas puesto que no se ha producido una evaluación de los grados implantados de forma generalizada en 2010 que aconsejase cambiar el modelo. Asimismo, se produce una devaluación de los grados que pasarán de tener 240 créditos ECTS a 180".

Recortes financiación

Para los convocantes, la implantación de grados de tres años "aumentará los recortes en la financiación de las universidades lo que provocará pérdida de empleo del personal docente e investigador (PDI) y del personal de administración y servicios (PAS) en las universidades públicas. Asimismo provocará un mayor deterioro de las condiciones laborales".

También, entre otros motivos, han indicado que "no subsana los actuales problemas del sistema de acreditación y es contrario a los principios recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 20.2) en relación a la evaluación del desempeño (transparencia, objetividad, imparcialidad, no discriminación)". Conforma "una acreditación con resultados más negativos hacia el profesorado, al ser más cualitativa, menos objetiva y sin una adecuada valoración de la experiencia docente".

Ante ello, han reclamado la consecución de una reforma universitaria "de consenso, suficientemente financiada con fondos públicos y con calidad e intensidad suficiente para que ser un elemento básico de cohesión y desarrolle nuestro Estado de bienestar". La defensa del papel que la universidad y la educación superior "deben jugar en la recuperación económica y en el necesario cambio de modelo productivo".

Además, reclaman la derogación del RD 43/2015 y que "no se aprueben los proyectos de real decreto siguientes: el proyecto que modifica la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el que regula la creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios".

Han recordado que en la Mesa Sectorial de Universidad, la negociación del proyecto de Real Decreto que regula la creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios porque desregula el SUE y perjudicará al personal de las universidades públicas. El MECD "rechazó nuestra petición, ante lo que pedimos que no se aprobase".

Por último, respecto al proyecto de Real Decreto que establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios solicitamos en la Mesa Sectorial de Universidad "continuar negociando el texto hasta alcanzar un acuerdo para resolver los problemas que tiene el actual sistema y evitar los nuevos problemas que generará el proyecto del gobierno. La petición no fue aceptada por el MECD".