El PSOE de Rota (Cádiz) aclara que sólo ha interpuesto una querella contra el equipo de gobierno de PP y Roteños Unidos (RRUU) y no cuatro como el Ayuntamiento afirma después de que el juzgado de Instrucción número 1 de Rota haya decidido iniciar la instrucción de una pieza separada sobre el convenio urbanístico entre el Consistorio y la Promotora Castellano para la construcción del aparcamiento de la Merced. Asimismo, los socialistas tachan de "ridículo" que persigan con esto un rédito electoral.

En un comunicado, el PSOE explica que "únicamente ha interpuesto una querella en el juzgado de Rota", la que originó el conocido como 'caso de los Uniformes'. Añade que, por otra parte, puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción unos hechos que este organismo independiente denunció posteriormente, dando lugar al 'caso de los Convenios Urbanísticos'.

Detalla que dicho caso investiga, entre otras cuestiones, "el haber dado más de cuatro millones de dinero público a un promotor sin ningún tipo de control". La pieza separada abierta por el juzgado surge, según explican, a raíz de una ampliación que solicitó el PSOE local una vez que "se tuvo constancia de que el caso del parking de La Merced había sido ejecutado siguiendo los mismos procedimientos que los que vienen recogidos en los convenios denunciados por Fiscalía Anticorrupción".

Alcalde de chipiona también imputado

Apunta el PSOE que la decisión de la juez de abrir una nueva causa en el mes de julio de 2014 es la que ha provocado una nueva imputación para la alcaldesa, María Eva Corrales (PP), el anterior alcalde, Lorenzo Sánchez (RRUU), así como para el actual alcalde de Chipiona y anterior delegado de Urbanismo en Rota, Antonio Peña (PP), una vez finalizada las pesquisas de la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, a la que se le encomendó la investigación del caso.

Insiste el PSOE en que no persigue sacar rédito electoral de este asunto, al tiempo que expresa su "preocupación" ante la "permanente insinuación" del gobierno local de Rota de que las investigaciones judiciales y policiales obedezcan a una estrategia de los socialistas, lo que entienden que implica "un desprecio absoluto al trabajo y a la independencia judicial" por parte de PP y RRUU.