La CUP se ausenta del pleno en protesta por la condena por el asedio al Parlament

  • Critica que el Parlament recurriera la sentencia de la Audiencia Nacional.
  • El Supremo la revocó parcialmente y condenó a tres años a ocho indignados.
  • Fernández admite la gravedad de los hechos pero recuerda que ningún diputado resultó herido a diferencia de 120 manifestantes.
  • Tanto él como la FAVB, acusan al entonces consejero de Interior de intentar criminalizar a los manifestantes.
Los diputados de la CUP David Fernández, Isabel Vallet y Quim Arrufat escuchan, de pie, la respuesta del consejero de Interior, Ramon Espadaler, antes de abandonar el hemiciclo en protesta por la condena de ocho indignados por el asedio al Parlament.
Los diputados de la CUP David Fernández, Isabel Vallet y Quim Arrufat escuchan, de pie, la respuesta del consejero de Interior, Ramon Espadaler, antes de abandonar el hemiciclo en protesta por la condena de ocho indignados por el asedio al Parlament.
ALEIX MOLDES / ACN

Los diputados de la CUP se han ausentado este miércoles por la mañana del pleno del Parlament catalán como gesto de protesta por la sentencia del Tribunal Supremo conocida el martes, que condena a penas de cárcel a ocho participantes en el asedio a la Cámara ocurrido en 2011.

El Tribunal Supremo impuso una pena de tres años de prisión por un delito contra las altas instituciones del Estado a ocho de los participantes en el asedio al Parlament que tuvo lugar el 15 de junio de 2011, en una sentencia que anula en parte las absoluciones dictadas por la Audiencia Nacional.

El líder de la CUP, David Fernández, ha denunciado el contenido de esta sentencia, que ha calificado como "una estrategia planificada y urdida" que va "más allá de la ley" y "persigue a los manifestantes como ratas". También ha criticado a los partidos que apoyaron recurrir el fallo de la Audiencia Nacional y que ahora "envían a ocho jóvenes a la prisión".

Fernández, ataviado con una de sus habituales camisetas reivindicativas —en esta ocasión, era amarilla y se podía leer en catalán: "También estaba en el Parlament y volvería a ir"— ha criticado que vuelve a haber un "castigo para los de abajo e impunidad para los de arriba" y, a pesar de que cree que fueron unos "hechos excepcionales y graves", ha defendido que no hubo heridos.

"Los heridos son 120 manifestantes que han recibido impunidad, no hay justicia para ellos, sino que encima los envían tres años a la cárcel", ha añadido el líder de la CUP. En este sentido, ha dicho sentirse "avergonzado" por dicha medida y ha apuntado: "Hoy, este Parlamento no nos representa".

Por su parte, el conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha tildado de "paradójica" la intervención de Fernández y ha dicho que "lo que corresponde es acatar las sentencias". De hecho, ha asegurado sentirse más próximo a la condena del Supremo que a la absolución de la Audiencia Nacional. Fernández ha acusado a su antecesor, Felip Puig, de querer "criminalizar" el 15-M con el dispositivo que diseñó para ese día, muy criticado por la oposición pues se cerraron todas las entradas al parque de la Ciutadella salvo una y muchos diputados tuvieron que acceder solos y a pie.

"Aviso a navegantes"

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) también se ha pronunciado, en una nota, sobre sentencia que, a su juicio, "pretende ser un escarmiento, una especie de castigo ejemplar y un aviso para navegantes", ya que "no guarda ninguna proporción con los hechos". El fallo "sólo se explica por la voluntad del Supremo de hacer temer la autoridad de las altas instancias del Estado.

La entidad vecinal califica de "disparate" y de "indignante" la sentencia, pero puntualiza que no es "una sorpresa", ya que "se sitúa en la línea liberticida de las políticas del PP, como lo ponen de manifiesto la ley mordaza o la reforma retrógrada del Código Penal". Además, critica especialmente la "entusiasta aprobación por parte del Govern" del fallo.

La federación de entidades vecinales barcelonesa recuerda que también participó en la protesta ante el Parlament del 15 de junio de 2011 porque convocó una "cacerolada" vecinal contra los presupuestos de la Generalitat, "socialmente regresivos" a su juicio, que se iban a debatir en él.

La federación acusa a la Consejería de Interior de hacer pasar a los parlamentarios a pie entre los manifestantes para que se multiplicaran los momentos de crispación y, al entonces consejero de Interior, Felip Puig, de buscar provocar disturbios que justificaran una criminalización del movimiento del 15-M ante la opinión pública.

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