Los hechos ocurrieron en 1992, cuando la mujer acudió al médico en la decimoquinta semana de gestación de su tercer embarazo y, por encontrarse en un grupo de riesgo, 39 años, le fue aconsejada la amniocentesis. Según entiende el Alto Tribunal, hubo una «mala praxis médica» y no se informó a la madre previamente del riesgo de aborto ni del elevado índice de pérdidas fetales que ocurren en el citado hospital, hasta un 2,5%, frente al 1% de otros centros españoles y el 0,3% de otros países.