El Gregorio Marañón interroga a 17 personas por el uso de medios públicos para pruebas privadas

  • El hospital, uno de los mayores de Madrid, trata de averiguar si el servicio de Anatomía Patológica hizo pruebas externas con cargo al presupuesto del centro.
  • Uno de los doctores del área implica a médicos y técnicos en la trama.
  • Un comité ha entrevistado a parte de los acusados, que niegan los hechos.
Imagen de archivo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Imagen de archivo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
JORGE PARÍS
Imagen de archivo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

El Hospital Gregorio Marañón, uno de los más grandes y con mejor reputación de la Comunidad de Madrid, ha iniciado una investigación para aclarar si médicos y técnicos del servicio de Anatomía Patológica utilizaron recursos públicos para realizar pruebas de clientes de clínicas privadas en las que ellos mismos trabajan. Por el momento, las 17 personas que han pasado por el examen del comité profesional creado ad hoc para este caso han negado su participación en los hechos.

Las pesquisas sobre el departamento, formado por 11 médicos, 8 residentes, 8 administrativos, 28 técnicos, un coordinador y un auxiliar, tienen su origen en la denuncia de uno de sus miembros, el doctor Juan Carlos Martínez.

Según su relato, los implicados en la trama incluían entre las tareas diarias la realización de biopsias y citologías de al menos media docena de clínicas y hospitales privados. Eso, a pesar de que el Marañón no ha firmado ningún convenio o acuerdo con operadores ajenos al Servicio Madrileño de Salud, como afirmó a 20minutos un portavoz oficial.

El laboratorio utilizado, de acuerdo a la información adelantada hace una semana por elconfidencial.com, era el inmunohistoquímica, que lleva a cabo pruebas fundamentales para el diagnóstico de casos relativos a tumores malignos o a la reacción de los tejidos a determinados anticuerpos.

Martínez reveló este martes que sospechó de lo que estaba pasando al comprobar que las referencias con las que estaban etiquetadas las pruebas sospechosas no coincidían con las que utiliza el propio hospital. También aseguró haber visto recipientes de tejidos pertenecientes a clínicas privadas, según declaró a la Cadena Ser, y añadió que sus análisis se anteponían a los de los pacientes del propio hospital.

"Ninguna denuncia formal"

El denunciante identifica como responsable de lo sucedido al exjefe de Anatomía Patológica, que se jubiló el año pasado. La Consejería de Sanidad inició el procedimiento para sustituirle el 4 de noviembre. La relación de aspirantes (cuatro personas) fue publicada el 30 de enero en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo a su relato, Juan Carlos Martínez trasladó sus impresiones al director médico del Gregorio Marañón, Eduardo Junco, en octubre del año pasado. Junco es, aún hoy, la tercera autoridad del centro a nivel sanitario, solo por debajo del subdirector y responsable del área asistencial, Luis Miño, y del director gerente, Ricardo Herranz.

Los portavoces oficiales del centro afirman que Herranz no ha tenido constancia de "ninguna denuncia formal" en este sentido y añaden que el centro es "el primer interesado" en aclarar si las acusaciones tienen una base real.

A la espera de dictamen

La comprobación de cualquier irregularidad daría lugar a un proceso sancionador y a una denuncia en los tribunales, motivo por el cual el centro ha reclamado a Martínez que entregue la documentación que, según afirma el médico, demostraría los hechos. "No la ha querido dar en mano, así que le hemos hecho un requerimiento formal por escrito para que nos la remita en un plazo de 24 horas", explican desde el Marañón.

El centro llamará a declarar a los 57 componentes del departamento departamento de Anatomía Patológica para oír su versión de los hechos. Los 17 primeros ofrecieron sus explicaciones este martes y todos negaron tener conocimiento de los supuestos hechos. El resto lo hará a partir de este miércoles.

La comisión que examina la tarea del servicio está compuesta por profesionales médicos del centro "capaces de evaluar si se han seguido o no los procedimientos" y si se ha dado algún uso irregular a los medios públicos. Sus indagaciones se sustanciarán en un dictamen que pasará a manos del gerente, quien decidirá si se inician acciones legales.

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