Las acusaciones pública y particular han mantenido hoy invariables sus peticiones de pena, de entre cinco y cuatro años de prisión, para Jesús R.A. y María de la Luz P.B, coadministradores de IRSA S.L, por un delito de estafa cometida en 2008 sobre más de una docena de trabajadores, a quienes impusieron la entrega de 10.000 euros como condición para contratarles de forma indefinida y despidieron a posteriori sin devolverles dichas cantidades, pese a considerar acreditado que existía tal compromiso verbal de reembolso.

La postura de los acusadores, coincidente respecto de la culpabilidad del empresario Jesús R.A. pero con discrepancias sobre si su esposa era partícipe de sus negocios, se fundamenta en el testimonio de los exempleados, quienes acudieron al reclamo de la oferta laboral para el puesto de vendedores de seguros publicitada en prensa e Internet y que, tras prestar sus servicios durante unos meses, no sólo fueron despedidos sin cobrar la mayor parte de sus salarios sino que IRSA no les devolvió las cantidades aportadas al capital social.

La práctica totalidad de los afectados, la mayor parte en paro pero varios de ellos con empleo en ese momento, tuvo que acudir a préstamos personales para cumplir el requisito impuesto por la mercantil, de ahí que tras su despido por una supuesta falta de rendimiento se hayan visto obligados a seguir afrontando el crédito y a acudir al Fogasa para reclamar los salarios adeudados por los procesados.

Así, los acusadores entienden acreditada la comisión de una estafa agravada, con la particularidad de que el Ministerio Fiscal y una de las acusaciones particulares consideran a Jesús R.A. único culpable—cuenta en su haber con dos condenas anteriores en Valladolid y Granada de un año y un año y nueves meses de prisión, respectivamente, por hechos similares—, y tan sólo la segunda acusación privada califica de partícipes del delito tanto al empresario como a su esposa.

Sin embargo, la defensa, que ha solicitado un fallo absolutorio, sigue insisitiendo en que en momento alguno los empleados recibieron la promesa de que a la finalización de la relación laboral les serían devueltos los 10.000 euros por la compra de participaciones y cuya única finalidad, alega, era "fidelizar" a los contratados y convertirles también en parte de la mercantil.

Durante la segunda y última jornada del juicio, celebrado en la Audiencia de Valladolid, parte de los afectados que no pudo declarar en la primera ha sido unánime al asegurar que, confiados en la buena fe de Jesús R.A, formalizaron las operaciones de compra-venta de acciones de IRSA porque era condición "ineludible" para acceder a un empleo indefinido pero siempre en la creencia, ya que así se les había prometido de palabra, de que no tendrían problema alguno para recuperar el dinero en el supuesto de que fueran despedidos.

Los damnificados mantienen que primero tuvieron que hacer el desembolso y que luego les fueron presentados tanto el contrato de compra de acciones como el laboral, sin que apenas dispusieran de tiempo de leerlos y de percartarse del "robo", como así ha especificado uno de ellos. De hecho, todos ellos han sido taxativos al asegurar que jamás habrían aceptado las condiciones de no mediar la promesa de restitución del capital desembolsado.

Foro de afectados con 11.000 VISITAS

Una vez despedidos y tras comprobar que jamás recibirían los 10.000 euros aportados, que suman más de 130.000, los afectados abrieron un 'Foro de afectados de IRSA' en Internet que llegó a recibir más de 11.000 visitas, ya que al mismo se sumaron otros trabajadores en idéntica situación de distintas partes de España donde la mercantil había abierto oficinas.

La única testifical a favor de los dos procesados ha corrido por cuenta del que fuera delegado de IRSA en Castilla y León, que responde también a las iniciales de J.R.A. y que ha negado que prometiera a los denunciantes la devolución de sus participaciones.

"Les dije que si la empresa se iba a hacer puñetas, nos íbamos todos a hacer puñetas", ha explicado gráficamente el testigo, quien ha asegurado que incluso él también perdió los 10.000 euros y que, sin embargo, no ha acudido a la vía penal porque es consciente de que "se trata de un negocio fallido, nada más", si bien ha tenido que reconocer a preguntas de una de las acusaciones que figura actualmente imputado por hechos similares que se instruyen en un juzgado de Salamanca.