Galicia se ha convertido este martes en la tercera comunidad autónoma, tras Cataluña y Aragón, en incorporar viviendas procedentes de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Ordenada Bancaria) para destinarlas a la inserción social de las familias más necesitadas.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel Vázquez, y el director general de Desarrollo Corporativo y Asuntos Legales de la Sareb, Óscar García Maceiras, han firmado este martes el convenio por el cual se materializa esta colaboración, que se efectúa en concreto a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

Su responsable, Heriberto García, y la directora de Patrimonio, Olga Guitián, también han estado presentes en el acto, en las dependencias de la consellería en San Caetano.

La intención, según han destacado ambos responsables ante los medios de comunicación, es ir incrementando este número de manera "progresiva", en palabras de Vázquez, y en función del balance de la Sareb, según ha precisado García Maceiras.

De hecho, en una nota de prensa, la consellería habla de esta como "una primera fase" del plan 'Rehavita', aprobado el pasado mes por el Consello y que ahora se pone en marcha de manera efectiva.

Maceiras ha recordado que el consejo de administración de la Sareb, consciente de la realidad social, autorizó dedicar un máximo de 2.000 viviendas en todo el estado para ceder a las comunidades autónomas, de modo que estas las dispongan para favorecer un alquiler "asequible".

La responsable de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por su parte, ha resaltado que, con esta rúbrica, las 50 primeras viviendas, ubicadas en las urbes gallegas y en el entorno de las grandes ciudades, se incorporan de forma "inmediata" a la comunidad.

Adjudicación y gastos

Ahora, según ha apuntado, después de su análisis por técnicos del IGVS, el propósito es adjudicarlas a afectados por ejecuciones hipotecarias y a quienes se encuentren en situación de emergencia social, con criterios semejantes a los que rigen para la vivienda de promoción pública propiedad de la Xunta.

Así las cosas, la adjudicación será en régimen de alquiler y con una renta mensual que en ningún caso podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar.

Los adjudicatarios solo deberán afrontar el pago del alquiler y los suministros (energía y agua, entre otros), mientras que la Sareb asume los costes derivados de la compensación de gastos de comunidad e impuestos —en torno a unos 100 euros mensuales de media, dependiendo de cada vivienda— así como los gastos extraordinarios de mantenimiento de la habitabilidad y reparaciones de las viviendas.

El acuerdo entre la Xunta y la Sareb tiene un periodo de duración de cuatro años prorrogables. De no renovarse pasado ese tiempo, según ha señalado la conselleira, las viviendas volverán a la Sareb pero los inquilinos no se verán afectados.

Por su parte, el IGVS se hará cargo de los gastos correspondientes a la obtención del certificado de eficiencia energética si la vivienda no dispone de él, gastos de mantenimiento y reparaciones ordinarias y de gestión y administración de los alquileres.

Rehabilitación y realojos

Ethel Vázquez ha llamado la atención sobre la "significación social" de esta "novedosa" medida y ha valorado otras relativas a la rehabilitación y el realojo puestas en marcha por el Gobierno gallego.

Sobre este último plan, en lo referido a familias que fueron desahuciadas, ha contestado a preguntas de los periodistas que el Ejecutivo autonómico atiende el 100% de las solicitudes pero que desde febrero no se produjo ninguna nueva, por lo que tampoco ha habido nuevos realojos, que por entonces se situaban en un total de 43 en dos años.