El Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes el concurso abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cubrir la vacante que dejará el magistrado Juan Carlos Cerón en el juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, que investiga las supuestas irregularidades cometidas en la tramitación del Plan Rabasa, y por las que está imputada la exalcaldesa de la ciudad Sonia Castedo.

Cerón, que también dejará el cargo de decano de los jueces alicantinos, ocupará a partir de ahora una plaza en la sección primera de la Audiencia Provincial, lo que obligará también a abrir un proceso electoral para designar su sucesor en este cargo, según han confirmado fuentes judiciales. Por su parte, un juez de adscripción territorial (JAT) se hará cargo del órgano instructor.

Este traslado se enmarca en el concurso para la provisión de determinados cargos judiciales en toda España aprobado por el CGPJ el pasado 3 de marzo. Además de éste, quedarán vacantes los puestos de titulares de otros tres juzgados de Instrucción de Alicante, los números 2, 4 y 8, y los de Primera Instancia 7, de Violencia sobre la Mujer 2, Social 5, Menores 2 y Mercantil 1, todos ellos con sede en la ciudad.

Igualmente, han concursado para obtener un traslado, y deberán por tanto ser sustituidos por otro magistrado, los responsables del juzgado de Instrucción 2 de Benidorm, Violencia sobre la Mujer 1 de Elche y Primera Instancia 2 de Elche.

El BOE también recoge la vacante de una plaza de magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana, otra para la Audiencia Provincial de Alicante correspondiente a la jurisdicción penal y una tercera para este órgano, aunque en una sección civil desplazada en Elche.

En la provincia de Valencia, han salido a concurso las plazas en tres juzgados mixtos (tramitan asuntos civiles y penales) de Paterna, tres juzgados de Instrucción de la capital (números 4, 10 y 19), el Penal 9 de esta ciudad y un puesto de magistrado en la Audiencia.

Cerón abandonará el juzgado de Instrucción número 6 de Alicante cuando la investigación del Plan Rabasa se encuentra en una fase preliminar. Además de Castedo, en esta pieza derivada del 'caso Brugal' se encuentran imputados el constructor Enrique Ortiz, dos técnicos municipales y el exgerente de la Concejalía de Urbanismo de Alicante, Enrique Sanus, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El magistrado ha ordenado a la Policía Nacional la práctica de diversas diligencias, entre ellas algunas encaminadas a esclarecer todo lo relativo a un viaje a Oporto realizado en 2008 por Castedo, el empresario y el exalcalde de Alicante y entonces diputado autonómico por el PP Luis Dïaz Alperi. El próximo viernes el instructor retomará las declaraciones de testigos con el abogado urbanista Rafael Ballester y la concejal Sonia Alegría.

Por su parte, la sección primera de la Audiencia de Alicante confirmó a principios de este mes el sobreseimiento de la investigación dictado por el juez para Díaz Alperi y la que fuera secretaria autonómica de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda María Ángeles Ureña, actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, al no apreciar indicios de delito contra ellos.