El administrador y representante legal de IRSA S.L, Jesús R.A, acusado de quedarse con más de 130.000 euros que sus empleados aportaron al capital social, ha negado que prometiera en su día a los denunciantes la devolución del dinero al término de la relación contractual, ni verbalmente ni por escrito, y ha asegurado que si les impuso dicho requisito para hacerles indefinidos fue en la creencia de que así lograba "fidelizarles" en la empresa e incentivar su labor de vendedores de seguros.

En la primera sesión del juicio en la Audiencia de Valladolid, el procesado, quien comparte banquillo con su esposa y coadministradora de IRSA, María de la Luz P.B, se ha presentado como una víctima de las expectativas fallidas de negocio de la referida mercantil, con sede social en Ciudad Real pero con oficinas no sólo en la capital del Pisuerga sino también en otras localidades españolas.

El empresario, quien cuenta en su haber con una condena de un año de cárcel y otra de un año y nueve meses por hechos de idéntica naturaleza cometidos en Valladolid y Granada, respectivamente, ha explicado que en un principio tenía buenas perspectivas y por ello puso en marcha un plan de expansión que tenía, como principal vía de capitalización, los 10.000 euros por persona en participaciones que imponía a los demandantes de empleo como requisito para contratarles de forma indefinida.

Los empleados,

Responsables de la quiebra

Jesús R.A, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha insistido en que en ningún momento prometió devolverles el dinero si concluía la relación contractual y les ha responsabilizado incluso de las pérdidas de la mercantil, ya que, según ha apuntado, la razón de su despido es la "falta de rendimiento" al no cumplir los objetivos establecidos y que ha cifrado entre 5.000 y 6.000 euros mensuales por operaciones de venta de seguros, lo que llevó a la empresa a una "tensión financiera insoportable".

"Las aportaciones que realizaron a lo largo de 2008 las acordé yo porque buscaba así su implicación total y al tiempo que les daba un empleo les convertía también en empresarios", ha declarado el acusado, quien, sin embargo, ha reiterado que es "absolutamente falso" que prometiera la devolución de dichas participaciones en caso de despido, sea cual fuera la causa del mismo.

En su alegato exculpatorio, Jesús R.A. ha declarado que todo el dinero aportado por sus empleados se reinvirtió en la empresa y no se destinó a su lucro personal. "¡Al final me quedé sin nada, y encima estoy ahora sentado en el banquillo!", ha lamentado el empresario, para quien el Ministerio Fiscal solicita inicialmente una pena de cinco años, las acusaciones particulares cuatro—le imputan una estafa agravada—y su defensa un fallo absolutorio.

Respecto de su esposa, para quien tan solo uno de los acusadores particulares responsabiliza también de la estafa como coadministradora, Jesús R.A. ha sostenido que no tenía cometido alguno en la mercantil y figuraba únicamente como un "títere", ya que su trabajo era el de enfermera y él era quien hacía y deshacía.

Sin embargo, algunos de los exempleados que han testificado ya hoy en la primera jornada de juicio, parte de los cuales siguen pagando un crédito por los 10.000 euros entregados, han coincidido al asegurar que el acusado les prometió la devolución del dinero en caso de despido y que en momento alguno se les fijaron objetivos a cumplir.

Ese, entre otra docena de afectados, es el caso de David D, quien tras ver la oferta de trabajo en Internet logró un contrato indefinido en IRSA S.L, previo pago de la referida cantidad como aportación al capital social. Prestó sus servicios entre abril y octubre de 2008, tras lo cual fue despedido "sin justificación alguna" y sin que le fueran devueltos los 10.000 euros entregados.