El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este lunes que el Gobierno tiene que poner en marcha nuevos "instrumentos normativos" que permitan lograr "una justicia del siglo XXI" de aquí al final de legislatura y ha indicado que las reformas tienen que ir encaminadas a reforzar el Estado de Derecho, por ejemplo en la lucha contra la corrupción, lo que, según ha admitido, genera "mucha inquietud" en la sociedad española.

Durante el transcurso de un desayuno informativo organizado por el diario 'Ideal' de Granada, Catalá ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer la economía y ha señalado que también una justicia mejor contribuye a fomentar la "sostenibilidad" económica y la creación de empleo, teniendo en cuenta además que los inversores internacionales también buscan, además de un rendimiento, un sistema de garantías jurídicas.

Para Catalá, la justicia tiene que ser también parte de la identidad de la 'marca España', y para ello está trabajando el Ministerio, que tiene por delante, de aquí al final de la legislatura, varios proyectos que aprobar, que estarán centrados, según ha dicho, en las necesidades actuales del sistema, y para ello ha abogado por contar con el consenso y la colaboración de los profesionales del derecho.

El objetivo es, según ha apuntado, conseguir un sistema normativo "más eficaz y de mayor calidad" y ha indicado que, para emprender reformas, éstas deben responder a las demandas sociales, como, en su opinión, son las que se adoptarán para luchar contra la corrupción, como la ley de financiación de partidos políticos, o las herramientas que se ofrecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra el crimen organizado o las nuevas delincuencias del siglo XXI.

Cambios en el término imputado

Asimismo, y tras ser preguntado por los periodistas, se ha referido a la modificación del término 'imputado' por el de investigado incluida en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que aprobó este viernes el Consejo de Ministros, y ha señalado que, aunque jurídicamente no debe asociarse con culpabilidad alguna, a nivel social, sí se trata de una palabra que está "contaminada" y que incluso se usa habitualmente en el lenguaje político, con el que hasta se pide que los imputados abandonen sus responsabilidades públicas y no se incluyan en listas electorales.

El ministro ha reiterado su posición de que el uso de este término, socialmente, puede estar "violentando" el principio constitucional de presunción de inocencia, y ha incidido en que la apertura de una investigación tras una determinada denuncia o querella no tiene por qué relacionarse con la posible culpabilidad del investigado, como, a su entender, hasta ahora ocurre, cuando se alude a una imputación.

Por otro lado, se ha referido a otros proyectos que quiere poner en funcionamiento el Gobierno, o ya ha puesto, para mejorar el sistema judicial, como la reforma de la ley orgánica del poder judicial, que permitirá la reasignación de asuntos sin necesidad de que se modifique la planta judicial, y que persigue la homogeneidad en las resoluciones judiciales. También, el ministro ha apostado por mejorar el régimen del personal de la administración de justicia, donde el 25 por ciento de la plantilla es interina, y abrirá ofertas de empleo público en ese sentido que permitan una mayor estabilidad laboral.

En materia procesal, ha aludido a la reforma de las leyes de enjuiciamiento civil y criminal, esta última de finales del siglo XIX, y a la medida que permitirá acotar los plazos de instrucción sobre todo en el ámbito penal, y aunque ha reconocido que este asunto es "inquietante" para jueces y fiscales ha defendido que permitirá una mayor agilización de la justicia, sin necesidad de que las causas se eternicen durante años. De hecho, ha señalado que, para lograrlo, el Gobierno impulsará mejoras reglas procesales y también la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales.

Asimismo, ha recordado que la intención del Ejecutivo es que el 1 de enero de 2016 todas las comunicaciones entre profesionales y la administración de justicia sean exclusivamente electrónicas y mediante el uso de nuevas tecnologías, lo que no es, según ha sostenido, más que un traslado de lo que ocurre en la sociedad al ámbito judicial. "No es ciencia ficción, no tenemos ninguna maldición que nos condene a estar en el vagón de cola en la incorporación de las nuevas tecnologías", ha mantenido.

También se ha referido a la eliminación de las tasas judiciales en las personas físicas, y la reforma de la asistencia jurídica gratuita, como un ejemplo de que el Gobierno "escucha y acepta las críticas", y la reforma de los registros civiles, que permitirá lograr que estos órganos sean igualmente propios del siglo XXI.