Incendios y amenazas creíbles contra los profesores de un instituto

  • Los hechos ocurrieron las noches del 18 y del 25 de este mes.
  • Los profesores dicen que las amenazas tienen "cierto grado de credibilidad".
  • Los ataques consiguieron, en una ocasión, suspender la jornada lectiva.

El claustro del Instituto de Educación Secundaria Las Salinas del Mar Menor, de La Manga en Cartagena, ha redactado un documento en el que ponen de manifiesto "los incendios provocados dentro del centro, durante las madrugadas de los días 18 y 25 de mayo, así como las pintadas de carácter amenazante hacia miembros de la comunidad educativa, realizadas durante la tarde-noche del pasado sábado", según desveló hoy el sindicato docente ANPE.

Igualmente, el documento denuncia públicamente las "intimidaciones e insultos directamente dirigidos hacia miembros del claustro del instituto, y las amenazas, con cierto grado de credibilidad, de nuevos ataques hasta conseguir la destrucción del centro".

Piden la intervención de la Consejería.

El presidente de ANPE-Murcia, Clemente Hernández, rechazó "enérgicamente este nuevo caso de violencia escolar", al tiempo que exigió que la Consejería de Educación "tome medidas urgentes, actuando de oficio y personándose ante las instancias judiciales, denunciando directamente la agresión de un funcionario público".

De este modo, Hernández dijo que este sindicato "apoya totalmente el documento redactado por el claustro" del mencionado instituto. Y es que, a juicio del presidente de ANPE-Murcia, "estos hechos han llegado a provocar incluso la suspensión de una jornada lectiva, impidiendo con ello que se lleve a cabo la labor docente y lo que es peor, privando del derecho a la educación y el estudio a los alumnos".

Por todo ello, y ante la "gravedad" de los hechos que, Hernández resaltó, "han conducido a un enrarecimiento del clima educativo del centro", exigió a la Consejería de Educación "rápida implicación en la solución de estos problemas y en la prevención de otros futuros que pudieran ocurrir".

Por último, Hernández demandó que "se considere como delito cualquier agresión física o verbal hacia un funcionario público en el ejercicio de su profesión, y la consideración de autoridad pública para todos los profesores".

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