Después de que Fiscalía y Administración Concursal han calificado como culpable el concurso de acreedores de Laboratorios Pérez Giménez y plantean que los administradores sociales de la farmacéutica cordobesa paguen indemnizaciones de decenas de millones de euros, los extrabajadores han dicho este viernes esperar que la Justicia haga pagar a los "responsables" de una gestión que ha llevado al "desmantelamiento" de la empresa y al despido de toda su plantilla.

Así lo han expresado, en un comunicado conjunto, los sindicatos UGT y CTA, al considerar que eso será lo justo, "después de los sacrificios y calamidades pasadas por los trabajadores de Pérez Giménez en el proceso de desmantelamtenlo de la actividad productiva del laboratorio", pues aún se les adeudan "hasta 34 nóminas y las indemnizaciones" por sus despidos, de modo que, "si existe Justicia, efectivamente, alguien tiene que pagar por estos hechos, y tendrán que hacerlo los responsables".

Por eso, "de las indemnizaciones que se piden en esta pieza de calificación" y habrían de afrontar los antiguos administradores de la empresa, los representantes sindicales confían en "que la Justicia se encargue de que los trabajadores cobremos las deudas salariales e indemnizaciones completas".

En este punto, los sindicalistas han recordado que los extrabajadores ya han denunciado ante la Fiscalía Provincial de Córdoba a los administradores concursales de Laboratorios Pérez Giménez, pues, transcurridos tres meses desde su despido, a instancias de los propios concursales, éstos aún no les han entregado los preceptivos certificados para que puedan reclamar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) las indemnizaciones que les correspondan y para que puedan acceder también a las prestaciones por desempleo a las que tengan derecho.

Ante ello y en su denuncia ante la Fiscalía, suscrita por los representantes sindicales de los exempleados, José Ruiz (UGT) y Francisco Moro (CTA), los extrabajadores de la farmacéutica cordobesa en concurso de acreedores demandan "que se adopten las actuaciones cautelares por parte de esa Fiscalía para que los trabajadores puedan acceder a recuperar sus derechos mediante la obligación de entregar los certificados oportunos".

Junto a ello, también piden que "se investiguen las actuaciones aquí descritas, para delimitar las responsabilidades penales a las que hubiere lugar" y en las que, a su juicio, habrían incurrido los concursales, como responsables de la presunta comisión de "delito contra los derechos de los trabajadores", en base al artículo 311 y siguientes del Código Penal.

Por todo ello, los extrabajadores tienen claro que todavía no han dejado su "calvario atrás" y la responsabilidad de esta situación corresponde a "los administradores concursales y al Juzgado de lo Mercantil, que toma las decisiones", pues "se nos está creando, una vez más, una indefensión jurídica, que afecta al mantenimiento y sostenimiento de nuestras familias".

En consecuencia, "la Fiscalía debe de tomar cartas en el asunto, aunque de por medio esté la actuación de un juez", porque "se están negando derechos sociales básicos para los trabajadores, protegidos incluso por el Código Penal, y entendemos que la Fiscalía, en este caso a instancia de parte, debe de actuar, primero para que se entreguen los certificados de empresa correctamente a cada uno de loa trabajadores, y segundo para que los responsables de este desaguisado respondan de sus actuaciones".

Por último, las secciones sindicales de CTA y UGT opinan que "todavía puede haber compradores que pongan en funcionamiento el laboratorio y que, de esta manera, continúe la actividad productiva, creándose nuevos puestos de trabajo. Por eso nos oponemos a su venta por lotes".