La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por importe de 9 millones de euros a concesionarios de las marcas Toyota, Hyundai y Opel en España, al considerar que han incurrido en prácticas prohibidas constitutivas de diversos cárteles. Entre ellos se encuentran ocho concesionarios gallegos de Opel.

Según ha informado el organismo en un comunicado, dichos centros de venta de automóviles contaron con la colaboración de una empresa especializada en servicios de atención al cliente, estudios de mercado y realización de evaluaciones de 'comprador misterioso', denominada ANT Servicalidad, con la que controlaban el cumplimiento de los acuerdos anticompetitivos adoptados por los concesionarios en las llamadas 'Zona de Madrid' y 'Zona de Galicia'.

La CNMC ha apuntado que, en cuanto al caso de los puntos de venta de Opel, "ha quedado acreditada la participación de la asociación de concesionarios Opel España (Ancopel)", al tiempo que ha incoado expedientes sancionadores de características similares a concesionarios, cuya resolución será publicada una vez se adopte.

De esta forma, la organización considera acreditado que los once concesionarios de Toyota que son A.E. Llorente, Comauto Sur, M. Conde, Hersamotor, Hispano Japonesa Motor, Julián Gómez Rodríguez, Kobe Motor, Kuruma Sport, Madrid Cars 2000, Motor Arjona y Supra Gamboa, llevaron a cabo prácticas prohibidas por la Ley de Competencia, constitutivas de cártel entre noviembre de 2012 y junio de 2013.

Según Competencia, estos centros se adoptaron e implementaron acuerdos de fijación de precios y otras condiciones comerciales e intercambiaron información sensible relativa a varios modelos. Además, ha asegurado que ha quedado acreditado que las empresas adoptaron sus acuerdos "con manifiesta ocultación y secretismo" y que contrataron a un tercero para que vigilase el cumplimiento de los mismos.

Ante la resolución de Competencia, el concesionario de Toyota Madrid Cars considera que no ha cometido "ninguna irregularidad" y que ha actuado siempre dentro de la legalidad establecida, "estando por ello en completo desacuerdo con dicha resolución". Además, señaló que el sector del automóvil es uno de los más competitivos en España y afirmó que están analizando la posibilidad de interponer un recursos ante la Audiencia Nacional.

Otras sanciones

Por otro lado, también se achaca la fijación de descuentos máximos e intercambio de información sensible desde septiembre de 2012 y junio de 2013 a diferentes concesionarios de Hyundai, "restringiendo la competencia en el mercado la distribución de vehículos a particulares y pymes".

Los concesionarios de Hyundai envueltos en este informe son Almoauto Motor, Cars Corea, Cobendai, Iberdai Motors, Liderdai, Merodigar Motor, Motor Gamboa, Rocal Automoción, Santón Oliva, Talleres Pita, Yuncar Motor y Zonauto Sur.

Por su parte, estas multas también incluyen a los centros de Opel Aceña Movil, Aelsa, Agrogil, Alcarreña de Turismos, Automóviles Urbieta, Autotodo, Autoviasa, Comercial Autovía, Bétula Cars, Centro Sur de Automóviles, Cesmauto, Diso Madrid, Gerar, Gómez Platz, Ibericar Technik, Lista Motor, Motorkar, Motor Aluche, Motor Coruña, Motor Leyva, Roauto, Seligrat Automoción, Talleres Prizan, Turismotor y también a ANT Servicalidad y Anco Central de Compras.

En madrid y galicia

Competencia ha apuntado que dichas empresas, en la 'Zona de Madrid', llegaron a acuerdos de fijación de precios e intercambio de información en la distribución a particulares de vehículos de varios modelos entre 2011 y junio de 2013, mientras que en la 'Zona de Galicia' se mantuvieron las mismas conductas.

Las multas más elevadas recaen sobre los concesionarios Seligrat de Automoción, con 989.541 euros, así como sobre Roauto, con 505.793 euros; sobre Agrogil, con 565.881 euros; Motor Gamboa, con 644.627 euros; Cobendai, con 406.755 euros; Motor Leyva, con 474.090 euros o Talleres Prizán, con 686.026 euros.

La CNMC recuerda que no existe recurso contra estas sanciones por vía administrativa, aunque se puede interponer un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

Además, considera prioritaria la lucha contra los cárteles y recuerda que para ello cuenta con un Programa de Clemencia, con el que la empresa o el directivo que haya participado en esas prácticas puede aportar información sobre las mismas a cambio de exención total o de una reducción de la multa.