El juzgado de instrucción número 3 de Lugo ha dejado en libertad al empresario Jorge Dorribo, el principal imputado en la 'Operación Campeón', por motivos de salud —certificados por un forense— y para permitir su correcta defensa.

Dorribo ingresó el 10 de noviembre de 2014 en la cárcel lucense de Bonxe por el quebrantamiento de las medidas cautelares impuestas, al no acudir regularmente al juzgado como tenía fijado, en el marco de la instrucción 'Operación Campeón', tras lo que ingresó en la prisión de Teixeiro (A Coruña) en la que permanecía hasta la fecha.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras quedar en libertad, Dorribo no podrá salir de España (lo que incluye Portugal, donde regentaba una tienda de antigüedades), y debe comparecer todos los días pares en el juzgado. También deberá comunicar cualquier cambio de domicilio.

La titular del juzgado de instrucción número 3, Estela San José, ordenó en noviembre su detención. La jueza tomó la decisión de que ingresase en prisión debido al "riesgo de fuga" que entendía que existía y a la "elevada pena" que solicita el fiscal —más de 23 años—.

Penas y delitos

En noviembre, el Colegio de Abogados de Lugo designó, a petición de la jueza Estela San José, sendos letrados del turno de oficio para defender al empresario Jorge Dorribo en el proceso de la 'Operación Campeón' y en otra causa por estafa que lleva otro juzgado lucense.

En concreto, en el marco de la 'Campeón', la Fiscalía solicita penas que suman más de 23 años de prisión para el considerado el principal acusado por diversos delitos entre los que se incluye tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, así como por falsificación de documentos.

Por un delito contra la hacienda pública en grado de tentativa considera el fiscal que procede imponer a Dorribo una pena de ocho meses de prisión; por otro contra la hacienda pública tres años y seis meses; por otro continuado de falsedad en documento mercantil dos años de prisión; por falsificación de certificado una multa de cinco meses con cuota diaria de 20 euros; por delito continuado de cohecho solicita una pena máxima de cuatro años y nueve meses de cárcel; y por blanqueo de capitales, dos años y seis meses.

A ello se suma por delito contable continuado siete meses de prisión; por insolvencias punibles, cuatro años de prisión; por dos delitos contra la hacienda pública, tres años de prisión por uno en 2010, y otros tres años por otro en 2011.