El Pleno del Senado ha aprobado este jueves y remitido al Congreso para su ratificación definitiva el proyecto de ley del alto cargo que, entre otras cuestiones, fija los requisitos de idoneidad para ocupar estos puestos, las declaraciones de bienes y certificados tributarios que deben presentar, las incompatibilidades, el régimen sancionador que les afecta y los informes que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.

Este proyecto de ley ha sido aprobado con el voto a favor de PP, PNV y CiU, que han impedido además que salieran adelante los cuatro vetos presentados por PSOE, PSC, ICV e IU, que consideran que el texto "no aporta nada nuevo" y no sirve para regenerar la democracia y poner un muro contra la corrupción.

El texto aprobado en el Senado incluye cinco enmiendas incluidas por el PP durante su paso por la Comisión Constitucional, la mayoría para precisar la denominación de la Oficina de Conflicto de Intereses. Además, tipifica como infracción grave la reiteración de tres faltas leves. Es decir, ser reincidente.

El senador del PSOE Francesc Antich ha defendido que se trata de un proyecto de ley "sin instrumentos eficaces para luchar contra la corrupción" y ha advertido de que "no basta una posición pasiva" y es necesario poner en marcha mecanismos que permitan "investigar esas situaciones y comprobar los hechos".

Con él ha coincidido su compañero de partido Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, quien cree que esta ley sólo es "papel mojado" y el Gobierno "ha perdido la oportunidad" de hacer creíble su apuesta por la regeneración. "Sólo pretenden lavarse la cara, no avanzan en nada", ha acusado a los 'populares' en lo que considera la legislatura "más opaca y más corrupta de la democracia".

También Carlos Martí, de Entesa pel Progrés de Catalunya, considera que "no aporta nada nuevo" y se queda "muy corta de ambición". Por ejemplo, ha lamentado que no evita las puertas giratorias entre los políticos y la empresa privada y se queda "corta" en el control de bienes de los altos cargos o las medidas de transparencia.

Imputado no tiene connotaciones negativas,

Según el pp

También ha pedido que se impida acceder a puestos de responsabilidad a personas imputadas, un aspecto que ha sido rechazado por el senador del PP José Sala con el argumento de que supondría vulnerar el principio de presunción de inocencia. "Me pregunto si no sería mejor tratar de explicar a la sociedad el verdadero significado del término imputado y no insistir en atribuirle connotaciones negativas que no tiene en realidad", ha sostenido el senador 'popular'.

También ha mostrado su rechazo al proyecto de ley el senador de IU Enrique Mariscal. "Si el objetivo de este proyecto de ley es dar respuesta a la demanda ciudadana de un ejercicio de limpieza para luchar contra la corrupción, se quedan cortos —ha compartido el senador de IU—. Esa sociedad, que está esperando una respuesta, se va a sentir frustrada".

Para demostrar su ambición de mejora, el senador de ICV Jordi Guillot ha llegado a ofrecer al PP que aceptase una de sus tres propuestas principales para evitar las puertas giratorias y ampliar la transparencia sobre los bienes de los altos cargos y, a cambio, él apoyaría todo el texto. Sin embargo, este 'envite' ha sido rechazado por el 'popular' Sala, que cree que el proyecto de ley ya regula suficientemente estos asuntos.

Cerrar los "resquicios" a la corrupción

El también senador del PP Gonzalo Piñeiro ha defendido el "fin último" de esta legislación unida al resto de medidas de regeneración democrática impulsadas por el Gobierno y que considera que contribuyen a "incrementar la calidad democrática de las instituciones".

Según ha remarcado, esta medida, "un verdadero estatuto del alto cargo", tiene el objetivo final de "ponérselo difícil a quienes puedan tener la tentación de hacer algo que no deben", además de dotar de "credibilidad" al sistema y las personas que ocupan puestos de responsabilidad en la administración. A su juicio, ésta es una aspiración mayoritaria de la sociedad, que quiere que se cierren los "resquicios" por los que pueda "colarse" la corrupción.

CiU y PNV, por su parte, han explicado que apoyan el proyecto de ley porque se limita a regular la actividad de los altos cargos de la Administración General del Estado y no invade competencias autonómicas. "Si todos hacemos un esfuerzo desde el respeto competencial y la búsqueda de consensos, será sin duda agradecido por los ciudadanos", ha reconocido la senadora nacionalista catalana Maite Rivero.