El consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, se da "por satisfecho" al haber parado "la sangría" de pérdidas en la Corporación Empresarial Pública. Todas las empresas menos una han reducido su deterioro económico y el ahorro total, desde el inicio de la legislatura, se sitúa en 43 millones de euros.

El 6,36 por ciento de este ahorro se ha realizado en gastos de personal y el resto básicamente en gasto corriente. Se ha conseguido mantener o crear al menos 30.000 puestos de trabajo en tres años.

En su comparecencia este jueves en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, Bono ha recordado que cuando comenzó la legislatura había 130 sociedades públicas, de ellas 23 mercantiles participadas mayoritariamente por la Comunidad autónoma, y la finalidad era reducir el número hasta 35.

A fecha 31 de diciembre de 2014 dicho objetivo se ha conseguido en las sociedades mercantiles y en el resto el porcentaje de cumplimiento ha llegado al 80 por ciento, aumentando al 90 por ciento la próxima semana, ya que el Gobierno está "a punto de hacer una venta en buenas condiciones" de seis empresas.

Respecto a las empresas que no están reestructuradas "o no encontramos comprador porque los socios no nos compran al precio que pedimos o no hay un comprador en el mercado", como es el caso de algunas empresas del sector de la energía eólica. Ha recalcado que "no podemos venderlas a cero" para no deteriorar las arcas públicas.

Bono ha expuesto que las empresas inmobiliarias siguen tienen una facturación baja "por la crisis de ventas del mercado" y la cifra de negocios de las sociedades del sector de las infraestructuras asciende a 58 millones, lo que representa el 63 por ciento de todo el grupo consolidado.

El resultado de las compañías instrumentales del sector turístico es "equilibrado", Dinópolis ha obtenido resultados positivos y la Ciudad del Motor y Aramón siguen necesitando un apoyo sostenido por los socios

La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha aseverado que "se han cumplido casi prácticamente todos los objetivos recogidos" en el plan de reestructuración, cuya finalidad eras "poner orden" en el sector público empresarial.

El parlamentario del PAR, Antonio Ruspira, ha preguntado a la oposición si su propuesta es "dejar caer a las empresas públicas, llevarlas a la quiebra o buscar una refinanciación de la deuda, apoyar su situación financiera y mirar cómo se puede impulsar el crecimiento e intentar racionalizar" los gastos.

"clara política de recorte"

El diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha espetado al consejero que "de poco nos sirve" reducir el número de empresas "si la deuda sigue siendo la misma, si no tenemos capacidad para impulsar la economía y crear empleo".

Ha indicado que en la capacidad presupuestaria del sector público era de 532 millones de euros y en 2012 pasó a 290, lo que responde a "una clara política de recorte".

El presidente de CHA, José Luis Soro, ha defendido las empresas públicas "con los controles pertinentes". Ha subrayado que las empresas públicas autonómicas se crean para cubrir fallos del mercado, desarrollar territorios desfavorecidos y llevar a cabo proyectos estratégicos, pero "hay empresas que se han mantenido al margen de estas tres finalidades" y al final "han supuesto un lastre" para la Comunidad Autónoma.

"Quizá haya algunas aventuras empresariales que no se deberían haber iniciado", ha planteado Soro, quien ha criticado la gestión de algunas sociedades públicas, como SARGA, que ha conseguido resultados positivos "en buena parte gracias a la precarización del empleo".

El diputado socialista, Florencio García Madrigal, ha preguntado al consejero cuántos puestos de trabajo se han destruido y ha considerado que la gestión ha sido "un fiasco".