La gestora que dirige el Partido Socialista de Madrid tras la marcha de Tomás Gómez asegura que intentará ayudar en todo lo posible a los cooperativistas afectados por la quiebra de Progreso Arganda, la cooperativa promovida por el PSOE que ha dejado sin ahorros a unas 50 familias, algunos de ellos militantes y simpatizantes del partido. El presidente de la gestora, Rafael Simancas, ha explicado a 20minutos que ha pedido varios informes que analicen la situación en la que se encuentran la cooperativa y estas familias afectadas, una especie de auditoría sin ser una investigación. También ha pedido a Wilfredo Jurado, asesor jurídico del PSM y exconcejal de Parla, un informe que justifique todo lo que ha hecho hasta ahora para defender jurídicamente a los afectados y todo lo que queda por hacer, ante las quejas de las familias, que denunciaron a este diario la nula colaboración de Jurado en su problema. Simancas, que ha rechazado tomar medidas políticas porque no se han detectado irregularidades legales, señala también que el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso negociará con la Sareb (conocido como el 'banco malo') para intentar encontrar una solución que satisfaga a todas las partes. La Sareb se ha quedado con las hipotecas que financiaron la construcción de los pisos que se han quedado sin vender.

Fundada en el año 2006 para construir pisos protegidos, la cooperativa, promovida por el PSOE de Arganda del Rey, entró en concurso de acreedores en febrero de 2014 después de que muchos de sus socios no pudieran escriturar sus pisos y se vieran forzados a darse de baja. Algunos, por problemas económicos (perdieron el empleo), otros por enfermedad grave, y la mayoría porque las cajas y los bancos no les concedieron la financiación para unas viviendas que subieron de precio una media de 70.000 euros durante los años de promoción y construcción. La cooperativa no les devolvió el dinero, alegando falta de liquidez. En total, les deben 1,58 millones de euros. La deuda total de la cooperativa es de 14,9 millones.

De los 109 pisos levantados, la mitad están vacíos. Ahora, los afectados se están organizando para llevar su caso a los tribunales, al sentirse "engañados" por el PSOE y la gestora de la cooperativa, Alcalá Consultores, dirigida por un ex alto cargo del PSOE en Gobiernos de Joaquín Leguina. Para más inri, las viviendas se levantaron en la famosa parcela UE124 de Arganda, una operación urbanística que investiga el juez Pablo Ruz dentro de la trama 'Gürtel', y en la que Francisco Correa se llevó una comisión de 12 millones de euros.

Simancas descarta tomar medidas políticas porque no "ha habido irregularidades legales". Al margen de los afectados, sí hay cooperativistas que pudieron escriturar su piso y viven allí. Entre ellos, al menos siete hijos de cargos locales del PSOE. Como el hijo de Victoria Moreno, concejala en Arganda, actual diputada autonómica del Partido Socialista de Madrid y miembro de la gestora que dirige Simancas. Su hijo compró un piso con tan solo 17 años tras conseguir un préstamo de 158.000 euros. "La actuación de Victoria Moreno fue legal. Hay militantes socialistas que sí consiguieron financiación y pudieron comprar, y militantes que no la consiguieron y no pudieron. Aquí estamos ante un problema concreto de una cooperativa que no tuvo suerte porque muchos de sus socios no consiguieron préstamos en una época en la que los bancos frenaron los créditos".

Simancas, no obstante, reconoce que a lo mejor no se ha hecho todo lo que se debía para ayudar a los cooperativistas. "Somos responsables porque seguramente estos socios se apuntaron porque les daba confianza el aval del PSOE". Asegura que el PSM y el grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid se han reunido con los afectados para intentar buscar soluciones. "He pedido un informe que analice la situación de la cooperativa y de los afectados". Ante las quejas de las familias por la actitud de Wilfredo Jurado, asesor jurídico de PSM e investigado por la UDEF en el caso del sobrecoste del tranvía de Parla, Simancas explica que "se le ha pedido un informe que justifique su labor jurídica en este tema, labor por la que ha cobrado, y lo que queda por hacer en materia legal". Todo parece indicar que Jurado no seguirá asesorando a las familias.

Simancas también señala que el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso negociará con la Sareb, que se ha quedado con las hipotecas que financiaron la construcción de los pisos que se han quedado sin vender, "para ver si los afectados que quieran pueden comprar ahora el piso descontando las aportaciones que ya dieron siendo socios de la cooperativa". Otra cosa muy distinta es los que quieran solo recuperar su dinero. "Asumimos el compromiso de ayudarles. Si llegamos al Gobierno en la Comunidad de Madrid intentaremos buscar también una solución, por ejemplo a través del Ivima". Aunque desde Ferraz, la sede nacional del partido, se ha optado por no hacer declaraciones oficiales, fuentes de Ferraz han explicado a este diario que este tema ha provocado "un gran disgusto en la dirección nacional, porque se ha dado la impresión que se ha dejado tiradas a estas familias".

"Esperamos una pronta solución del problema. El alcalde se ha reunido con representantes de la Sareb y de la administración concursal para llevarles las reivindicaciones de los vecinos afectados y encontrar una solución para que puedan comprar las viviendas. El PSOE tiene que asumir su responsabilidad política y ser consecuente. Si se inicia un procedimiento judicial, nos pronunciaremos, pero, de momento, quién debe hacerlo es el PSOE en sus órganos internos", explica Javier Díez, portavoz del PP en Arganda. Para Eva María Sánchez, de UPyD,  "el juez debería investigar qué circunstancias llevaron al PP y al Pleno municipal de la pasada legislatura a aprobar el aumento de alturas y de edificabilidad de la parcela, que es la que tiene los límites más altos de municipio. Además, el PSM deberá explicar por qué lo apoyó y por qué sus abogados no han ayudado a las familias que se pusieron en sus manos".

El PSOE local de Arganda insiste en que "como partido político ni tiene ni gestiona cooperativas de viviendas", a pesar de las cartas de su ejecutiva que reconocen que promovieron la cooperativa. Además, insisten en que "la situación que afecta a estos cooperativistas está relacionada con la crisis y con el pinchazo inmobiliario que ha impedido que puedan acceder a la financiación. Por lo tanto, son razones debidas a la coyuntura económica y exógenas a la gestión de la cooperativa. La Agrupación de Arganda ofrece apoyo y asesoría a las familias afectadas".