Un total de 86 vecinos de la ribera del Ebro siguen desalojados por los efectos de la reciente crecida del Ebro, ha informado este jueves el consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, quien ha comparecido en la sesión plenaria de las Cortes.

Los desalojados son 69 personas mayores de la residencia Royal Villa Salud del barrio rural zaragozano de Monzalbarba, una de Boquiñeni y 16 de la urbanización 'Casas de los huertos' de Alfajarín.

A día de hoy se mantiene el operativo de achique de agua en Boquiñeni, donde se está limpiando la red de abastecimiento, y la DPZ mantiene dos bombas de prevención en este municipio y en Pina.

El lunes de la semana próxima comenzarán los trabajos de la carretera CP-2, los de la CP-3 han comenzado este jueves, y ya se está trabajando en la A-127 y la A-1107.

Durante esta crisis, se ha alimentado por helicóptero a los animales de las explotaciones ganaderas aisladas y se han recogido los cadáveres de las reses y cerdos muertos. El Gobierno de Aragón ha actuado en ocho explotaciones y en otras 160 no ha sido necesario.

Se han puesto en marcha tres Oficinas de Atención a los Afectados, que han recibido, hasta las 19.00 horas de este miércoles, un total de 1.038 solicitudes de información, 654 sobre daños agrícolas y 303 de viviendas, la mitad por afecciones en primeras viviendas y la otra mitad en segundas residencias.

"Desde mi punto de vista el operativo de emergencias ha funcionado de manera francamente satisfactoria", ha dicho Antonio Suárez, quien ha felicitado a las 1.173 personas que han participado en este operativo y también a los vecinos y representantes municipales.

MEDICIONES

El consejero ha roto una lanza en favor de los técnicos, haciendo hincapié en que "las avenidas no son medibles con exactitud" y que "dos más dos no son cuatro cuando se habla del río".

De hecho, la previsión que manejaba la Confederación Hidrológica del Ebro (CHE) dos días antes de que llegara a la ribera de Zaragoza la punta de la crecida era que podía llegar a Castejón (Navarra) con una cresta de 2.600 metros cúbicos por segundo, aunque el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) fijó un caudal de 2.406.

Suárez ha relatado la actuación de la Administración autonómica desde el inicio de la crisis, señalando que el Plan de Emergencias se activó el día 24 de febrero a las 17.00 horas y dos días después se decretó el nivel 2 del Plan Especial de Inundaciones, que permite solicitar medios a otras comunidades autónomas y a la Administración General del Estado.

El titular de Política Territorial ha recordado que ya alertó el 26 de febrero, en sesión plenaria de las Cortes, de que las previsiones no eran "nada halagüeñas", recalcando que "en ningún momento le quitamos importancia", sino "todo lo contrario".

En este contexto, el Departamento pidió "cautela" y activó no solo los planes mencionados, sino que también convocó al Centro de Coordinación Operativa (CECOP), en el que participan todas las instituciones con competencias en emergencias.

En la primera reunión del CECOP se tomaron decisiones como desalojar la residencia de Monzalbarba, reforzar la mota de Boquiñeni y ubicar en esta localidad el Puesto de Mando Avanzado.

El viernes 27 de febrero se evacuó Torre Urzaiz, en Movera, y se enviaron efectivos de Protección Civil, Guardia Civil y Bomberos de la DPZ a Pradilla, añadiendo personal de SARGA en Boquiñeni.

Suárez visitó ambos municipios y el 1 de marzo recorrió también Alcalá de Ebro y Cabañas, y posteriormente Torres de Berrellén y Sobradiel. Ese día se activó el dispositivo para evacuar Pina de Ebro y el 2 de marzo, cuando la UME terminó de construir un puente de acceso a Boquiñeni, los vecinos pudieron volver a sus casas. Además se rompió un tramo de la autopista ARA-A1 y el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, "acudió inmediatamente".

La diputada del PP Mar Vaquero ha dicho que el Plan Territorial de Emergencias llevaba 19 años sin actualizar y ha dejado claro que "se han hecho las cosas de forma coordinada". Ahora "es el momento de reflexionar" para establecer un equilibrio entre el respeto al medio ambiente y la seguridad de las personas.

"gravísimas consecuencias"

El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha alertado de las "gravísimas consecuencias" de esta crecida, que ha relacionado con la "falta de previsión" por parte del Gobierno de Aragón, aunque la ciudad navarra de Tudela se inundó antes de que la cresta llegara a Zaragoza

Sada ha aseverado que los alcaldes tenían razón cuando solicitaron el desalojo de los municipios. Ha agradecido la labor de la UME, Protección Civil y el resto de equipos de emergencias.

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha preguntado por qué no hubo más previsión sobre las granjas, resaltando que han muerto 10.000 animales. Ha afirmado que "algo ha fallado" y ha animado a revisar los planes de protección.

La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, ha echado en falta más autocrítica. Ha preguntado por qué no se evacuaron antes las granjas, considerando "una temeridad" no haberlo hecho, ya que "podría haber surgido un problema de salud pública". Martínez ha pedido información sobre la situación del transporte público en Pina.

El diputado de IU, Luis Ángel, ha afirmado que entre lo que opina Suárez y la valoración que han hecho de esta crisis los alcaldes y vecinos "hay un camino muy grande".

Ha hecho notar que se han anegado decenas de miles de hectáreas, se han perdido cosechas y las infraestructuras han sufrido muchos daños, como es el caso de la ARA-A1, tras lo que ha pedido que haya más coordinación.