Un centenar de investigadores de diferentes universidades andaluzas, pertenecientes al colectivo de becarios de investigación de Formación de Personal Docente e Investigador (FPDI) en áreas consideradas deficitarias de la Junta de Andalucía por necesidades docentes e investigadoras, han lamentado la "falta de opción laboral" a la que se ven abocados tras encontrarse en estos momentos sin contrato o a punto de quedarse sin él, y ello después de un programa que ha supuesto la inversión de 30 millones de euros.

En una nota, estos investigadores han explicado que entre abril y noviembre de 2014 casi todos ellos vieron cómo se acababa, "sin posibilidad de prórroga", una relación contractual de cinco años con la universidad.

Las bases que regulan el procedimiento estipulan tres fases de contratación: un año de beca, tres de contrato predoctoral y por último, un contrato postdoctoral sujeto a que el investigador haya obtenido el título de doctor, condición que todo el colectivo cumple. De hecho, la mayoría de estos jóvenes han obtenido ya la acreditación como Ayudante Doctor o Contratado Doctor por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) o la Agencia Andaluza del Conocimiento (AGAE), "unos exigentes reconocimientos de excelencia que no pueden hacer efectivos y que paradójicamente suponen la puerta de entrada para concursar por una plaza y promocionar en el ámbito universitario".

Aunque estos investigadores han cumplido "con creces" los objetivos de sus contratos y han llamado "insistentemente" a las puertas de la Junta de Andalucía y de la universidad para evitar el fin de sus carreras profesionales, no han obtenido ninguna respuesta, según han criticado.

Esta modalidad de contratos fue creada por la administración autonómica, gracias a fondos europeos, para paliar las deficiencias docentes y de investigación de departamentos de universidades andaluzas, estableciéndose en 2008 y 2009 convocatorias públicas y competitivas.

De esta forma, el personal contratado en la convocatoria de 2008 ya ha agotado su quinto año y actualmente se encuentra fuera de la universidad andaluza sin posibilidades de proseguir su carrera académica: el personal contratado en la de 2009 finaliza sus contratos el próximo septiembre.

"A pesar de contribuir con la calidad y la excelencia de sus universidades así como de la comunidad autónoma, tanto la Junta como la universidad pública se desentienden totalmente de su situación, fomentando aún más el exilio obligatorio y la precarización de la generación de investigadores mejor preparada de las últimas décadas", han añadido estos becarios.

Lamentan, pues, estar "condenados" a abandonar su carrera profesional en Andalucía, dado que "no existe ningún plan de contratación estable de jóvenes investigadores". Se trata de una situación "más que alarmante, puesto que la estabilidad laboral de los docentes es la única vía que puede presuponer la excelencia investigadora y académica, así como la adecuada formación de los universitarios andaluces".

"La difícil realidad de estos investigadores es un fiel reflejo de los datos arrojados por el reciente informe del Consejo de la Juventud de España, según el cual el coste vacío para las arcas del Estado de la 'fuga de cerebros' ronda los 4.000 millones de euros al año", han apostillado.