El Pleno del Congreso debatirá este jueves las enmiendas de totalidad que PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) han presentado contra el proyecto de ley de reforma de la Ley de Hidrocarburos, que crea una mercado único del gas y establece nuevos cánones por explotación y subvenciones para las comunidades donde se ubiquen actividades de extracción de hidrocarburos.

Las enmiendas, que recoge Europa Press, tienen como punto en común el rechazo de todos los grupos a un modelo "caducado" y basado en los hidrocarburos en lugar de en las renovables, y también critican el impulso que se da al fracking y la falta de medidas para estimular la competencia en el sector energético o para proteger a los consumidores.

Así, el Grupo Socialista defiende que hay que "avanzar hacia una transición energética basada en la sostenibilidad económica, medioambiental y social" que conduzca a un "modelo de crecimiento bajo en carbono, que apueste claramente por las renovables, que reduzca la dependencia energética y que favorezca el ahorro y la eficiencia energética".

Por eso, aboga por suspender inmediatamente los permisos de exploración en Baleares y Canarias y todas las licencias de fracking "en tanto no se disponga de informes concluyentes que descarten la existencia de riesgos ambientales".

Sin competencias para la cnmc

Además, el principal partido de la oposición compara este proyecto de ley con el que presentó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a finales de la pasada legislatura, en el que se "potenciaban" las funciones de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), algo que no sucede actualmente.

Y es que la propuesta del Gobierno, "en clara sintonía con la falta de confianza en los organismos reguladores demostrada" en estos tres años, "se olvida de forma consciente de reforzar la independencia del órgano regulador y no amplía sus funciones y competencias", tal y como está establecido en la directiva del Mercado interior del gas que se traspone con este proyecto.

En concreto, no se encarga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la certificación del requisito de separación de actividades, la fijación del método de cálculo de peajes y cánones de servicios básicos de acceso, la capacidad sancionadora, el establecimiento de metodologías para el acceso a infraestructuras transfronterizas o la supervisión de la transparencia y la competencia, entre otras cosas, como exige Europa.

Es más, el PSOE cree incluso que el Ministerio del Interior no ha adaptado "correctamente" la directiva comunitaria en materia de separación de funciones, lamenta que se haya perdido la ocasión de plantear la posibilidad de comprar o vender gas en puntos virtuales como vía para aumentar la competencia y la transparencia, critica que no se obligue a las comercializadoras de gas natural a asegurar la protección de los consumidores domésticos y reprocha que no se incluyan medidas "eficaces" para incrementar la competencia y la transparencia en el sector para que las bajadas del crudo se trasladen a los precios de los carburantes de manera rápida y proporcionada.

Contra el sentido común

Por su parte, la Izquierda Plural considera que el proyecto de ley "consuma" la "firme voluntad" del Gobierno de "consolidar un modelo energético antiguo, ineficiente, irresponsable y profundamente dependiente de los combustibles fósiles", que incentivará el consumo y la dependencia energética y promoverá la extracción de hidrocarburos en fondos marinos y mediante el fracking.

"Además de ir contra el sentido común y la evidencia científica, atenta contra unos principios básicos de responsabilidad ante la crisis climática y energética", reprocha la coalición, que apuesta por un modelo basado en las renovables y la eficiencia energética, argumentando que "impulsar más dependencia es más propio de una economía especulativa, irracional y atrasada" y supone un "lastre" para la economía y una "demora" de la "necesaria" transición energética.

IU-ICV-CHA rechaza además el proyecto de ley por la creación de un "sistema perverso de compra de voluntades" mediante subvenciones a las comunidades autónomas donde haya actividad del sector, como un "nuevo instrumento para aniquilar las resistencias de la población al destrozo de las prospecciones y el fracking en su tierra". "Es indigno y lamentable que el Gobierno pretenda comprar a la oposición ciudadana que ya se ha demostrada mayoritaria y contundentemente en contra", zanja.

Finalmente, el grupo cree que la regulación del mercado del gas que se plantea en el proyecto de ley conducirá a un aumento del precio que acabarán pagando los consumidores, ya que se replica el modelo del sector eléctrico. Y reprocha también que el Gobierno se haya saltado informes obligatorios aunque no vinculantes (de la CNMC o del Consejo de Estado, por ejemplo) con este proyecto de ley.

"caramelo para rebajar la oposición"

Por su parte, ERC reprocha que el proyecto de ley pretenda "facilitar e incentivar" el fracking a pesar de la "contestación social" que provoca y de su efectos negativos sobre el medio ambiente, que el propio Ejecutivo reconoce en el texto.

Además, carga contra el sistema de compensaciones "con dinero público" que se pretende establecer, ya que pretende "comprar la voluntad de los territorios destinando recursos económicos, vía Presupuestos Generales del Estado, a los que accedan a implantar el fracking, vendiendo su patrimonio e integridad natural y paisajística, a la vez que hipotecando su potencial turístico y/o agroalimentario", y sin beneficiar ni siquiera a las poblaciones vecinas que también se verán perjudicadas.

Los nacionalistas gallegos comparten muchos de estos argumentos, particularmente la crítica a la compensación a las comunidades autonómicas que alberguen prospecciones o proyectos de fracking y que supone "un caramelo" para "rebajar la oposición" existente a este tipo de actividades que existe en "una amplia mayoría social".

"El impulso a estas prospecciones acarrea grandes costes sociales y medioambientales", señala el BNG, criticando que el Ejecutivo, "lejos de tener en cuenta la sensibilidad" de las regiones que están en contra del fracking y de "respetar el marco autonómico y favorecer el diálogo", ha optado por tratar de anular cualquier cambio legislativo en este sentido.

Con eso, pretende "perpetuar un modelo energético erróneo e insostenible, centrado en las energías fósiles" además de "centralizado", lo que impide a las regiones desarrollar su propio marco energético. Además, el Bloque critica al Gobierno por no aprovechar para intervenir en el mercado de las gasolinas y mejorar la competencia reduciendo el oligopolio.