El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, ha rechazado este miércoles que haya una relación causa-efecto entre la suspensión de la Ley Antidesahucios andaluza, como consecuencia del recurso ante el Tribunal Constitucional, y el aumento de este tipo de procesos en la región.

"La ley andaluza no introduce medida alguna que suponga una disminución en los procedimientos de desahucios", ha dicho Niño durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta del portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella.

El responsable de Fomento ha expuesto que la ley andaluza recurrida "modifica el contenido esencial del derecho a la propiedad y discrimina a las personas jurídicas frente a las físicas" y que, además, lo hace "invadiendo competencias estatales".

Además, considera que "no puede resolver el problema de los desahucios en Andalucía porque los procedimientos judiciales sobre este asunto son consecuencia de los impagos de las cuotas hipotecarias o alquileres y estos se deben al descontrol financiero e inmobiliario producido en las dos anteriores legislaturas".

Niño ha expuesto que, por el contrario, ha sido con la llegada del Gobierno del PP cuando realmente ha habido medidas para la paralización de los desahucios y para la "proyección de los afectados más vulnerables". En ese sentido, ha recordado las medidas impulsadas por el Ejecutivo, como la moratoria de dos años para los desahucios o el fondo social de viviendas.

"La ley de Andalucía poco aportaba", ha insistido Niño, que ha expuesto que la Junta ha reconocido que hubo 144 peticiones al amparo de la norma recurrida, una cifra inferior a las viviendas de protección que tenía la comunidad. Es decir, que "tenía recursos para atender a esas personas".

Sin embargo, Centella sí considera que hay una causa-efecto entre la suspensión de la ley y el aumento de los desahucios porque "en su plazo de vigencia más de 40 personas se libraron" de los lanzamientos. Así, ha reprochado al Ejecutivo que haya preferido "rescatar a bancos en lugar de a personas" y que se haya "puesto del lado de los que más tienen en vez de ponerse en el lugar de la gente".

Además, el diputado de IU ha acusado al Gobierno de emplear "argumentos falsos" para su recurso ante el Constitucional, como su apreciación de que la Sareb "se iba a hundir". "Seguimos pensando que habría que buscar una solución", ha concluido.