La Agencia Tributaria (AEAT) ha entregado un informe al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, en el que certifica que el Govern balear, durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2003), adjudicó contratos por un total de 27,2 millones de euros a Construcciones Brues SA, una de las empresas que habrían financiado de forma ilegal la reforma de la sede del PP insular.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, revela las distintas operaciones cruzadas entre el Ejecutivo autonómico y Construcciones Brues SA así como Fernández Constructor, propiedad de Antonio Pinal, quien este miércoles ha acudido en calidad de imputado a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, si bien se ha acogido a su derecho de no declarar.

En concreto, el informe señala que en 2004 fueron declaradas ventas por 4,9 millones de euros entre el Govern y Brues; en 2005, por 9,9 millones; en 2006, por 11,5, y en 2007 por 784.393 euros, mientras que con Fernández Constructor las operaciones ascendieron a 29.942 euros en 2003, y fueron imputadas ventas por 4,9 millones en 2004.

En concreto, Castro solicitó a Hacienda información sobre las operaciones efectuadas entre las empresas de Pinal y -además del Govern- del propio PP, Matas, la mujer de éste, Maite Areal, el extesorero de la formación en las islas, Fernando Areal, la Fundación Antoni Maura, el arquitecto Miguel Ángel García-Inés, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, de los que no constan movimientos económicos.

Del mismo modo, reclamó al Ejecutivo balear que aportase información de la que tuviera constancia en relación con las empresas investigadas, y en este sentido consta un desembolso total de 40,4 millones de euros por parte de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) a Brues y Fernández como integrantes de una UTE compuesta además por FCC, Sampol Ingeniería y UTE Corredor.

Más en concreto, SFM, dependiente del Govern, destinó 29 millones de euros al proyecto del soterramiento del ferrocarril y la construcción de la estación intermodal de Palma; 5,7 millones al modificado del mismo; 688.044 euros como complemento y otros cinco millones en el mismo sentido.

Asimismo, Fernández Construcción percibió 29.942 euros por el refuerzo estructural del muro del IES Marratxí, mientras que la empresa pública CAIB Patrimoni formalizó un contrato para la construcción de un edificio perteneciente a la Conselleria de Salud, cuyo precio se abonaría en forma de canon anual hasta 2038 a razón de 605.347 euros en 2011 y un millones de euros cada año desde entonces con un incremento anual del 3 por ciento.

Los distintos informes han sido incorporados a la pieza 28 del caso Palma Arena, recientemente incoada para investigar la presunta financiación irregular del PP balear así como los pormenores que rodearon a la reforma de su sede, ubicada en la calle Palau Reial de Palma.