El presidente del Gobierno de Melilla, Juan José Imbroda, ha declarado tras comparecer en el Tribunal Supremo como imputado de una supuesta prevaricación que no piensa dimitir porque actuó legalmente, tiene la "conciencia tranquila" y el "bolsillo cristalino" y no ha estado en ningún "tinglao raro".

Juan José Imbroda ha realizado estas manifestaciones a los periodistas tras declarar ante el Supremo por una supuesta contratación irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma.

El Tribunal Supremo citó como imputado a Imbroda, que ha declarado en relación con un supuesto delito de prevaricación en la contratación presuntamente irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma en 2001.

Juan José Imbroda se ha prestado a que se le tome declaración voluntaria en esta indagación preliminar, que deberá servir para que el instructor de la causa, el magistrado Francisco Monterde, decida si existen indicios de delito y de su posible implicación.

El caso se inició a partir de una denuncia de una asociación de abogados en 2001, cuando la ciudad autónoma contrató al letrado para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de unas cooperativas.

Preguntado por los periodistas si tras declarar ante el Supremo cree que está en la misma situación que los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha dicho: "Yo no me meto en otras historias, yo vengo a hablar de mi libro".

Ha añadido que ha comparecido en el Supremo por una "presunta administración administrativa de la primavera del año 2001 y aquí no hay malversación de caudales públicos, ni tráfico de influencias, ni cohecho, ni nada de nada, y los demás tienen sus problemas".

Respecto a si considera que debe dimitir tras haber declarado como imputado ha dicho que no piensa hacerlo pues tiene "la conciencia tranquila" y no ha estado en "ningún tinglado raro" y ha apostillado: "Cuando usted quiera le enseño mi cuenta corriente y mi patrimonio".

De todas formas ha dicho que está a disposición del PP "como siempre" y ha comentado: "Si mi partido entendiera que tengo que estar abajo limpiando estaría limpiando porque lo importante es defender a Melilla, que es una ciudad compleja, con muchos problemas y lo que menos le interesa es la inestabilidad".

"Así que estoy por supuesto a disposición de Rajoy para lo que él quiera pero la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos", ha recalcado.

Imbroda se ha mostrado satisfecho de su declaración en el Supremo y ha indicado que ha explicado con documentos que actuó conforme a derecho sin "ninguna doblez ni mala intención" y que sus servicios técnicos y jurídicos le apoyaron.

"Tengo los informes suficientes para demostrar que en ningún momento tuve ninguna advertencia de ilegalidad y yo creo que actué en derecho y por supuesto en conciencia, que la tengo tranquila, por lo que estoy contento", ha incidido.

Ha aclarado que ha sido él el que ha pedido declarar cuando antes en el Supremo renunciando incluso a algún recurso al que tenía derecho "porque lo peor de todo son las incertidumbres" y que ha manifestado en su comparecencia que siempre actuó "legalmente y de buena fe".

Juan José Imbroda se ha prestado a que se le tome declaración voluntaria en esta indagación preliminar, que deberá servir para que el instructor de la causa, el magistrado Francisco Monterde, decida si existen indicios de delito y de su posible implicación.

Si así se confirmara y dado que Imbroda es senador y por tanto aforado ante el Supremo, el juez pediría el suplicatorio al Parlamento para actuar contra él.

El juez de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, envió el pasado mes de agosto al alto tribunal una exposición razonada ante la aparición de indicios que a su criterio implican a Imbroda en la contratación supuestamente irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma.

Dicha exposición alude a una investigación que apunta la posibilidad de que Imbroda hubiera designado a un abogado al margen de los servicios jurídicos públicos y sin seguir los trámites exigidos por la ley para ello.