El Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián ha admitido a trámite la querella presentada por el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Lasarte contra la exalcaldesa del municipio, la socialista Ana Urchueguía, por un presunto delito de malversación y prevaricación en la gestión de subvenciones en proyectos en Somoto (Nicaragua), entre 2000 y 2010.

En el auto, fechado el pasado 4 de marzo, se admite a trámite la querella y se acuerda abrir diligencias previas y citar como imputada a la exalcaldesa. Contra la resolución cae interponer recurso de reforma en el plazo de tres días hábiles.

El magistrado Julián García Marcos considera que los hechos relatados en la querella presentada por el Ayuntamiento de Lasarte, actualmente gobernado por Bildu, contra Urchueguía por presuntas irregularidades la gestión de subvenciones del Consistorio a proyectos de cooperación en Somoto, presentan "los caracteres de un delito de malversación y prevaricación".

En este sentido, en el auto se recoge que "existen aspectos destacados en la querella que exigen una investigación judicial" puesto que "presuntamente podrían constituir ilícitos penales" y cita, como ejemplos, "ilegalidades o irregularidades formales tales como la ausencia de dación de cuenta o la inexistencia de anotaciones o resoluciones en los correspondientes expedientes administrativos", así como la "falta de justificación de partes importantes" de proyectos subvencionados por el Consistorio cuando gobernaba Urchueguía.

"en profundidad"

A juicio del magistrado que firma el auto, estos aspectos exigen "una individualización e investigación en profundidad". Asimismo, se apunta que, junto con la querella presentada, se aportan documentos "susceptibles de generar una duda razonable sobre la culpabilidad de la denunciada", como las "cantidades que se solicitan por particulares o trabajadores vinculados a la Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria (OHLOS) desde Somoto".

El auto hace referencia a una operación inmobiliaria que "despierta dudas desde el punto de vista de la legalidad". Finalmente, se señala que existen "razones bastantes" para incoar el procedimiento penal contra la querellada.