Los extrabajadores de Laboratorios Pérez Giménez han denunciado ante la Fiscalía Provincial de Córdoba a los administradores concursales de Laboratorios Pérez Giménez, pues, transcurridos más de dos meses desde su despido a instancias de los propios concursales, éstos aún no les han entregado los preceptivos certificados para que puedan reclamar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) las indemnizaciones que les correspondan y para que puedan acceder también a las prestaciones por desempleo a las que tengan derecho.

Ante ello y en su denuncia ante la Fiscalía, suscrita por los representantes sindicales de los exempleados, José Ruiz (UGT) y Francisco Moro (CTA), los extrabajadores de la farmacéutica cordobesa en concurso de acreedores demandan "que se adopten las actuaciones cautelares por parte de esa Fiscalía para que los trabajadores puedan acceder a ecuperar sus derechos mediante la obligación de entregar los certificados oportunos".

Junto a ello, también piden que "se investiguen las actuaciones aquí descritas, para delimitar las responsabilidades penales a las que hubiere lugar" y en las que, a su juicio, habrían incurrido los concursales, como responsables de la presunta comisión de "delito contra los derechos de los trabajadores", en base al artículo 311 y siguientes del Código Penal.

De hecho, según se argumenta en la denuncia, "la no percepción de 33 nominas de algunos de los trabajadores, unida a impedirse que pudieran acceder al desempleo, sin existir colocación efectiva, más ahora, el no hacerse cargo de la entrega de certificados correspondientes, sitúa a los trabajadores en una posición de indefensión jurídica y de desamparo injustificable desde cualquier punto de vista, y que lesiona gravemente los derechos que los trabajadores tienen de protección social".

Esta es la razón por la que las organizaciones sindicales denunciantes consideran "que se está cometiendo un presunto delito en contra de los derechos de los trabajadores, de forma solidaria por parte de los titulares de la Administración Concursal y del propio Juzgado" de lo Mercantil número uno de Córdoba, que tramita desde hace más de tres años el concurso de acreedores en el que está inmersa la farmacéutica cordobesa y que ya ha entrado en su fase de liquidación, para la venta por lotes de la empresa.