El dictamen de la comisión de investigación sobre la gestión en Asturias de los Fondos Mineros y la supuesta fortuna oculta del sexsecretario general del SOMA y exparlamentario socialista, José Ángel Fernández Villa, pide la dimisión del consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, como responsable político.

Además, pide una auditoría del Tribunal de Cuentas que evalúe la eficacia y la eficiencia de los dos planes de la minería, y también la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para que se investigue la gestión del Montepío de la Minería en la construcción del geriátrico de Felechosa al entender que existieron "irregularidades" en la concesión de subvenciones públicas que beneficiaron a una entidad privada.

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe elaborado por el presidente de la comisión, el diputado de UPyD Ignacio Prendes, que ha reconocido que no se ha podido aclarar el origen de la supuesta fortuna oculta de Villa "por falta de información".

Al respecto, ha aprovechado su comparecencia ante los medios para reprochar la falta de colaboración del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, de la Fundación para el Desarrollo de Formación en las Zonas Mineras del Carbón (Fundesfor) y del Ministerio de Presidencia; así como de la Fundación Infide, del Montepío de la Minería y del SOMA-Fitag-UGT.

Por ello, el presidente de la comisión ha admitido que la evaluación de los trabajos ha sido "muy superficial", pudiendo constatar en el dictamen sólo "algunas deficiencias", especialmente vinculadas al control y evaluación de la gestión de los fondos y, en concreto, al proyecto de la residencia geriátrica de Felechosa, que se financió con 30 millones de euros de fondos para infraestructuras del segundo plan de la minería en una actuación que "incumple la normativa del decreto de ayudas para infraestructuras".

Asimismo, apunta que se trata de "un posible desvío de fondos públicos para aprovechamiento de una entidad privada" que Prendes considera debe ser investigado por los tribunales. En este sentido, recuerda que la concesión de los fondos se acordó en la mesa regional de la minería por el consejero Graciano Torre; los secretarios generales de CCOO, Maximino García, y del SOMA-Fitag-UGT, José Ángel Fernández Villa; y el presidente de la Asociación Comarcas Mineras (Acom-España), Gabriel Pérez Villalta, a quienes considera "responsables políticos".

Prendes ha recordado, además, que las obras terminaron en 2011 y fue al año siguiente cuando el presidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, y el exdirigente del SOMA José Ángel Fernández Villa regularizaron 400.000 euros y 1,5 millones de euros, respectivamente. "No es una conclusión, pero sí es una concatenación de hechos", ha apuntado.

Con todo, Prendes ha reconocido que sí ha sido "frustrante" no poder esclarecer el origen de la fortuna de Villa, aunque explica que el parlamento tiene sus "límites", a los que se ha sumado la "falta de información". "Una comisión parlamentaria no tiene la capacidad de los tribunales por eso se limita a analizar y buscar responsabilidades políticas", ha señalado, confiando en que se siga investigando el caso del geriátrico de Felechosa. "Existen dudas sobre la legalidad de la operación", sostiene.

Los grupos estudian el informe

El resto de grupos parlamentarios estudiará en próximos días el dictamen que han recibido esta mañana con la previsión de que pueda celebrarse una reunión este viernes tras el pleno. Si se alcanzase un acuerdo, podría llevarse a la Junta de Portavoces del próximo lunes para tratar de elevarlo al último pleno de la legislatura, según el calendario anunciado por el presidente de la comisión.

Tanto PSOE como PP han reconocido en declaraciones a los medios que los plazos están muy ajustados para que pueda analizarse con detalle el documento.

El portavoz socialista, Fernando Lastra, ha recriminado la "falta de diligencia" de Prendes para elaborar y presentar el informe, a la vez que ha reiterado la crítica de su grupo al planteamiento de una comisión tanto por el número y desorden de las comparecencias como por un planteamiento "equivocado" marcado por "ideas preconcebidas".

La diputada del PP Emma Ramos se ha limitado a decir que es difícil saber si hay plazo para alcanzar un acuerdo sobre el dictamen cuando su formación aún no cuenta con el informe para poder estudiarlo.

Sin embargo, para Aurelio Martín (IU) sí existe "margen temporal". "Otra cosa son las voluntades políticas", ha apuntillado, pese a reconocerse escéptico con el resultado de una comisión que se hizo con poco tiempo, poca información y muy cercana a procesos electorales.