La Sociedad del Aeropuerto Cristóbal Colón, constituida por la Diputación de Huelva y la Cámara de Comercio, ha abierto el procedimiento público para la ampliación de capital tras publicarse este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio para la adquisición de acciones. A partir de este viernes habrá un plazo de 30 días para que las personas que quieran puedan adquirir las acciones.

Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, con la ampliación de capital en 500.000 euros, se emitirán 103 acciones por valor de 4.800 euros cada una con el objetivo de dar entrada al proyecto a socios privados. De hecho, tras la ampliación, la nueva sociedad estaría formada en un 50,9 por ciento por las acciones del sector privado, mientras que el 46,57 por ciento seguiría en manos de la Diputación, que dejaría de tener la mayoría, y el 2,45 por ciento se quedaría en la Cámara de Comercio. Actualmente, el ente provincial posee el 95 por ciento y la Cámara el cinco por ciento.

De esta forma, el Consejo de Administración estaría formado por seis representantes del sector privado, cuatro de la Diputación de Huelva y uno de la Cámara de Comercio. En cualquier caso, el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ya ha asegurado que la Diputación va a garantizar que este proyecto salga adelante desde la propia sociedad, en la que mantiene derechos fundacionales, como la modificación de Estatutos.

Como en cualquier ampliación, el derecho preferente para la compra de acciones reside en los propios socios, pero tanto la Cámara de Comercio como la Diputación de Huelva renuncian a este privilegio para favorecer la naturaleza empresarial del proyecto. El proyecto está declarado de interés general, cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y con la aprobación por parte del Ejército, por la zona de servidumbre militar que hay que respetar. El aeropuerto de Huelva será, por tanto, un proyecto privado.

Pueden concurrir a esta ampliación de capital todas las personas y entidades que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren incursos en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración según la normativa vigente.