El Juzgado de Instrucción número dos de Jaén capital ha incoado diligencias previas para abordar en lo que respecta a la provincia las supuestas irregularidades cometidas en las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) investigadas por la Fiscalía Superior de Andalucía en base a un informe de la Cámara de Cuentas respecto a dichas unidades en el periodo 2010-2012 en el conjunto de la comunidad.

La incoación de estas diligencias previas, confirmada este viernes a Europa Press por fuentes judiciales, se produce después de que la Fiscalía Superior remitiese a las distintas fiscalías provinciales de la comunidad el expediente correspondiente con las diligencias vinculadas a cada territorio.

Desde la Fiscalía Provincial de Jaén se decidió remitir dicho expediente al Juzgado Decano, que, por reparto, lo asignó al citado Juzgado de Instrucción número dos, donde la documentación entró el pasado 16 de febrero, según han indicado fuentes del caso.

Se trata, según han precisado las fuentes consultadas, de un expediente "voluminoso" con amplia cantidad de "documentación anexa", cuyo análisis, por tanto, requerirá tiempo. Así, la investigación acaba de empezar en el juzgado, una vez que se aceptó el reparto realizado por el Juzgado Decano, y, seguidamente, se han incoado diligencias previas.

La Fiscalía Superior de Andalucía inició diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF)originada por el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que recogía "la opacidad en la finalidad de las subvenciones y las irregularidades en los procesos de selección de personal".

Por su parte, la Fiscalía Superior reseñó que "los consorcios se financiaban con las aportaciones de la Junta de Andalucía" y que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, "sufragaba el cien por cien de los gastos del personal que conformaban la estructura básica y aportaba un porcentaje de cofinanciación de los costes salariales de la estructura complementaria".

Así, en su decreto aludía a "deficiencias, anomalías o irregularidades localizadas en la concesión de las subvenciones concedidas por el SAE de las que se podrían desprender indicios generadores de responsabilidad penal al no existir constancia de la realización de la actividad que tendrían que haber desarrollado los consorcios receptores de las ayudas".

"Será preciso, por tanto, analizar de manera pormenorizada los mecanismos de concesión y control de estas ayudas en orden a determinar las personas responsables", añadía.

En el decreto dictado al respecto, el fiscal andaluz señala que durante los años 2010, 2011 y 2012 el SAE concedió ayudas por un valor total de 57.340.676 euros a los 95 consorcios Utedlt de la comunidad, operativos desde 2002.

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