El magistrado instructor de las Diligencias 2/2013 sobre Novo Carthago ha remitido las actuaciones al juzgado de Instrucción número 2 de Murcia "por ser el competente para conocer de las mismas", tras el cese como consejero de Antonio Cerdá, aforado que motivó la competencia del Tribunal Superior de Justicia.

La competencia de esta Sala, según se motiva en la resolución, viene determinada por el artículo 73.3. a de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al ser competente para el conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia, según ha informado el TSJ de Murcia.

"Lo que determina que al haber cesado en la función de Consejero decae la competencia de esta Sala debiendo remitirse las actuaciones al Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia, lo que se realiza a través de este Auto".

En esta causa se encuentran imputados por un supuesto delito de cohecho una de las hijas del expresidente Ramón Luis Valcárcel, R.V.C.; su yerno F.P.J.; su cuñado J.F.C.A.; así como a J.S.C. y J.A.M.G..

Igualmente, según la providencia dictada este martes por Abadía, éste daba a Valcárcel un plazo 30 días para acudir voluntariamente como imputado a prestar declaración por su posible implicación en este caso de presunta corrupción urbanística.

En estas diligencias se recoge, además, la imputación de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, que declaró este jueves ante el Supremo. Además del actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación, investigado porque, en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".

Igualmente, están imputados el que fuera delegado y consejero del Gobierno regional, Francisco Marqués, por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias; y también se encuentra imputado el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, desde que el pasado mes de julio se decidieran abrir diligencias para investigar su actuación en este asunto por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y del medio ambiente, y tráfico de influencias.

En esta causa se investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción del resort 'Novo Carthago', que consistía en la construcción de hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).

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