El Parlamento asturiano ha aprobado este viernes instar al Gobierno a desarrollar una batería de medidas para mejorar y garantizar el acceso a la vivienda para las personas y familias en situación de exclusión social o de emergencia habitacional, tal y como reclamaba IU a través de una moción.

La moción, presentada por IU y apoyada por todos los grupos, excepto el PP que ha optado por abstenerse, ha sido defendida por la diputada Marta Pulgar, que ha indicado que en la anterior intervención parlamentaria de consejera en esta materia su grupo echó de menos "un mínimo de autocrítica" y además ha considerado que las medidas son mejorables.

"Huyendo del populismo pero escuchando al pueblo lo que proponemos son unas medidas que hagan cumplir los compromisos del Ejecutivo en materia de vivienda. Sean mejores, hagan más cosas y háganlas mejor. Eso es lo que le pedimos, no imposibles", ha explicado Pulgar.

Así son media docena las medidas que se reclaman y que pasan por remover, en el marco de sus competencias, cualquier obstáculo administrativo que impida o dificulte la dación en pago cuando se hubiera alcanzado un acuerdo entre la entidad financiera y el deudor hipotecario en ese sentido; ampliar el plazo máximo de duración de los contratos de alquiler de las viviendas de urgencia, de tal forma que esta se extienda hasta tanto perdure la situación socioeconómica de la unidad familiar que dio lugar a su adjudicación y adecuar la oferta de viviendas para resolver situaciones de urgencia o de emergencia social a las necesidades reales.

Además se insta al Ejecutivo a exigir a las entidades financieras el cumplimiento estricto de los acuerdos alcanzados en su día con el Principado través de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para que pongan a su disposición para destinarlas a alquiler social un parque de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias.

Por último se reclama que se garantice que las viviendas que se destinen a resolver situaciones de urgencia o de emergencia social cuenten ya con el alta en todos los suministros básicos tales como agua, luz y gas en el momento de su puesta a disposición a las familias o personas adjudicatarias y que se agilice hasta el máximo legalmente posible todos los trámites y procedimientos administrativos vinculados tanto a la concesión de ayudas para vivienda, adjudicación de viviendas de urgencia o de emergencia social, reparación de viviendas, tramitación y concesión del Salario Social Básico y, en general, los vinculados a atender situaciones de precariedad socioeconómica.

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