La sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la nulidad de la licencia de actividad otorgada en diciembre de 2006 por el Ayuntamiento de Valencia a la subestación eléctrica de Patraix, según consta en la sentencia —que cuenta con un voto particular—, facilitada por el PSPV.

De esta forma, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el consistorio, Iberdrola y Red Eléctrica Española contra la resolución del juzgado número 2 de Valencia de anular y dejar sin efecto la licencia de actividad inocua de la subestación de Patraix.

Así, el TSJCV ha ratificado la decisión adoptada por el juzgado y entiende que dicha actividad debe ser calificada, no como insalubre, pero sí al menos como "peligrosa por riesgo de incendio". Por ello, confirma la anulación del acuerdo municipal de fecha 19 de diciembre de 2006 de otorgar licencia para Patraix.

El Ayuntamiento aprobó a finales de 2006 conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica licencia de actividad inocua para la subestación de Patraix, ubicada en la Avenida Gaspar Aguilar de Valencia.

El 15 de mayo de 2007, estando en funcionamiento la subestación, se produjo un cortocircuito en el terminal de la fase 8 de la conexión de uno de los transformadores, lo que provocó la desconexión automática que afectó, inicialmente, a 49.447 clientes. Sin embargo, a los 45 minutos se recuperó el suministro al 100 por cien, no se produjo ningún daño a personas ni en el exterior, tan solo daños interiores y rotura de cristales.

A raíz de estos acontecimientos, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante la alarma social generada por la explosión de la subestación, acordó, de una parte, la clausura cautelar e inmediata de las instalaciones; y, de otra, pedía a Iberdrola que adoptara las soluciones técnicas necesarias para que resultara garantizado el suministro de energía eléctrica a toda la población afectada.

Dos días después, en Junta de Gobierno local, se acordó ratificar la orden de cierre; exigir el conocimiento inmediato de las causas del incidente y la depuración de responsabilidades a que pudiera haber lugar; y reiterar el ofrecimiento de permuta de terrenos para el inmediato desmantelamiento de la estación y traslado a una nueva ubicación.