Seis empresas consultoras están realizando los análisis forenses ('forensics') de las posibles operaciones irregulares que las entidades financieras nacionalizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) —Banco Mare Nostrum, Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia— han llevado a cabo en los últimos años.

Así lo señala el Gobierno en respuesta a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien mediante una pregunta escrita se quejó de que un año después de la puesta en marcha de estos análisis no se conozca ni las entidades encargadas ni el coste de las contrataciones ni su resultado global.

En la respuesta a esas cuestiones, fechada el 5 de febrero pasado y que recoge Europa Press, el Gobierno señala que las entidades que han prestado o están prestando estos servicios a las entidades nacionalizadas son KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, Forest Partners y Binder Dijker Otte & Co. (BDO).

Selección rigurosa

El Ministerio de Economía también explica que para seleccionar a las consultoras se establecieron unas pautas similares a todas las entidades, de modo que el resultado sea "de calidad".

En concreto, se exigía invitar al proceso de selección a al menos tres empresas especializadas en trabajos de investigación financiera o en actuaciones como peritos expertos en procedimientos judiciales o investigaciones de fraude.

Además, debían contar con "suficiencia de medios y una amplia experiencia" tanto nacional como internacional en este tipo de trabajo, y "ocupar los primeros puestos en el ránking por facturación" de estos servicios.

Para seleccionar a la compañía más adecuada, se hizo una "combinación adecuada de parámetros económicos y técnicos", de modo que además de valorarse el precio por hora o el máximo mensual se tuvieran en cuenta otras variables como el tamaño, la calidad, la composición o la dedicación del equipo, la existencia de asistentes y colaboradores legales o la experiencia previa.

Mejor precio posible

Asimismo, las entidades bancarias debían informar al FROB de su decisión final, explicando los criterios y el proceso seguido en la selección, y la entidad contratada había de "atenerse a una hoja de encargo con un contenido mínimo determinado" y presentar un informe de investigación por cada una de las operaciones irregulares identificadas junto con los detalles de la investigación y el análisis económico-financiero correspondiente.

Con respecto al precio abonado, por el que también preguntaba Rosa Díez, el Gobierno se limita a señalar que es "variable" en cada una de las entidades y que "dependerá del recorrido de los procesos y de las necesarias y futuras actuaciones de las consultoras", sin dar una estimación aproximada del coste total que estos 'forensics' supondrán para el FROB.

"Se han aplicado todas las garantías para conseguir el mejor precio posible incentivando la concurrencia. En todo caso, se trata de un instrumento esencial para la depuración de responsabilidades, complementario a la posibilidad de recuperación de cantidades en concepto de responsabilidad civil", apostilla la respuesta parlamentaria.

90 PRESELECCIONADAS

El trabajo de las consultoras privadas se realiza sobre la base de una preselección de 90 operaciones dudosas, detectadas durante un primer análisis de los departamentos de Auditoría Interna de cada entidad bancaria.

De ellas, "todas excepto 30 han sido objeto de informe concluido y remitido al FROB, sin perjuicio de que alguno de los recibidos requieren investigaciones adicionales", explica el Gobierno.

A renglón seguido, señala que hay "alguna otra entidad que ha tenido apoyo financiero en forma distinta de capital" y que "también está remitiendo algunos informes sobre operaciones con indicios de irregularidad, sobre los cuales se aplicará el mismo rigor y se actuará en la misma forma".

Fruto de estos trabajos, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria se encuentra "personado" actualmente en 20 causas judiciales penales, entre ellos ocho por el Banco de Valencia. Además, ha enviado 38 operaciones a la Fiscalía Anticorrupción, y "están en estudio otras recibidas recientemente y que podrían incrementar el número de actuaciones penales".