Directivos de la empresa Dico, vinculada a la trama Púnica, comunicaban órdenes del que fuera número 2 del PP en Madrid Francisco Granados, considerado cabecilla de esta red, a otros políticos, incluso para forzar dimisiones, como ocurrió con el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, imputado en Gürtel.

Así consta en una grabación aportada a la Policía por el exedil de Majadahonda Juan José Moreno García, que también colaboró en destapar la trama Gürtel, al asesor urbanista y ex director general ejecutivo de la empresa promotora del Holding Grupo Dico Empresarial Raúl Calvo Escribano y que figura en uno de los 19 tomos de la operación Púnica a los que el juez Velasco ha levantado el secreto.

De esa conversación, de la que en las actuaciones consta un resumen, se desprende que los administradores del Grupo Dico "tienen tanta influencia sobre los políticos que, además, comunican órdenes de otros políticos de rango superior, como es el caso de Francisco Granados, actual consejero de la Comunidad de Madrid", por aquel entonces.

Esas órdenes "además se cumplen", como fue el caso de la petición de forzar la dimisión del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, imputado en Gürtel, porque cortaba "el conducto del dinero, quedándoselo él, sin que fluya hacia estancias superiores del partido, cosa que sí hacía su antecesor", el exalcalde Ricardo Romero de Tejada.

Como prueba de ese poder, Raúl Calvo expuso que un directivo de Dico, Julián Giménez de los Galanes, fue el encargado de exigirle la dimisión y le manifestó que podía pedir el cargo que quisiera en la Comunidad de Madrid que le sería "concedido".

El objetivo era que dejara la alcaldía para que no siguiera obturando "el flujo de dinero", acontecimiento que se produjo enviando a Ortega al Mercado Puerta de Toledo de Madrid con el rango de director y con el sueldo de 6.000 euros al mes con cargo a la Comunidad de Madrid.

Ortega tomó posesión como alcalde de Majadahonda en mayo de 2001 y el 3 de febrero de 2005 dimitió por "razones personales y de salud", si bien en el trasfondo estaban las discrepancias en el grupo popular por asuntos urbanísticos.

En este detalle, el de la dimisión y posterior recolocación, "se aprecia la fuerza del Grupo Dico", indica el resumen de esa conversación, ya que Ortega parece "básicamente un asalariado" de Giménez de los Galanes y se aprecia también la "connivencia que mantiene Dico con el anterior alcalde Ricardo Romero de Tejada y con Francisco Granados, dado que estos no son capaces de hacerlo dimitir, puesto que tienen lo mismo o más".

De esa conversación se desprende que este grupo empresarial, junto con los políticos y técnicos municipales, inició el desarrollo del denominado "Carril del Tejar" de Majadahonda, "uno de los desarrollos urbanísticos que más plusvalías ha dejado a las empresas intervinientes y elegidas no solamente por afinidad, sino también por dinero o por cobrar en especie".

"El nivel de cohecho es tan elevado entre los políticos que han regido el Ayuntamiento de Majadahonda que incluso el concejal Juan José Moreno García manifiesta que han calculado más de 80.000.000.000 millones (debe entenderse de pesetas) lo que han recaudado". Lo que hace, añade este resumen, que "el agujero del Consistorio del Ayuntamiento de Majadahonda se acerque a los 300 millones de euros".

Otro exdirectivo de Dico, David Merino, relató en una entrevista, que también aparece entre los tomos a los que se ha levantado el secreto, que pagaban cohechos a alcaldes y ediles por adjudicaciones en forma de dinero, viviendas, vacaciones, cacerías, prostitutas, "grandísimas ofrendas de Navidad" y viandas.

La contraprestación económica por esas adjudicaciones, según la citada entrevista, se daba a los "políticos de turno" como Ortega y Romero de Tejada, "formando así la trama que cierra el circulo entre políticos, asesores urbanistas, técnicos municipales y empresarios".

Comentó que otro directivo de Dico, Francisco Gutiérrez, "era la mano con los alcaldes" para obtener adjudicaciones para el grupo Dico Servicios Inmobiliarios, que actuaba "mucho en el norte de Madrid y en Coslada, Las Rozas, Boadilla, Majadahonda, Villanueva del Pardillo, San Fernando de Henares y "también muchísimo en Valdemoro cuando era alcalde Francisco Granados".

"No hay adjudicación en ningún ayuntamiento que no pase por esto. Y si no es el alcalde es el concejal y si no el arquitecto municipal y si no es alguien hasta de la oposición. Siempre hay alguien que tiene la adjudicación más segura y es por esto", prosigue la entrevista.

Según Merino, los pagos eran en dinero o en especie y, como "son promotoras", también podían pagar en viviendas, vacaciones; "se paga con obras privadas que tiene que hacer esta gente en sus casas,en sus pueblos... se paga con todo, con putas, con prostitutas con ocio, con cacerías, con grandísimas ofrendas de Navidad, viandas... Yo no conozco casi ninguna operación nuestra ni de otro grupo que no se haya hecho con esto".