El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha instado este miércoles al PP a no recurrir la convocatoria del 27-S porque es la única salida posible: "Espero que las elecciones no las declararán ilegales porque sería muy gordo".

En la sesión de control al Govern en el Parlament, ha ironizado este miércoles con las palabras de la líder del PP, Alicia Sánchez-Camacho, que justo antes ha considerado absurdo crear estructuras de Estado, como plantean CiU y ERC, ya que Cataluña no logrará estas competencias ni en "100.000 años".

Mas le ha respondido: "Sabía que usted consideraba que España era una realidad sagrada e inmutable, pero no tan inmutable para durar 100.000 años más. No nos ofrezca este castigo, por favor".

Por su parte, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de consultas y el 9-N refleja un "gran miedo a la democracia", y ha criticado que la respuesta del Gobierno a la petición de diálogo de la Generalitat catalana haya sido una "querella criminal" contra Mas, la consejera Irene Rigau y ella misma.

Lo ha dicho al ser interpelada por el diputado del PPC Sergoi Santamaría, quien la "semana negra" del Govern a causa de la sentencia del TC y el dictamen del Consell de Garantías Estatutarias (CGE) contrario a las "estructuras de Estado" recogidas en las enmiendas pactadas entre CiU y ERC en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat.

Precisamente, el Parlamento catalán aprobará en el pleno de este miércoles los Presupuestos de 2015 y el proyecto de ley de medidas fiscales, financieras y administrativas —ley de acompañamiento— después de que CiU y ERC hayan "adaptado" sus enmiendas sobre las estructuras de Estado al dictamen del Consell, que solicitó el PPC atrasando la votación de las cuentas un mes.

Así, mientras las enmiendas originales recogían la opción de hacer leyes para desarrollar estructuras de Estado, en las nuevas ya no se habla de hacer leyes sino de "planes directores", un cambio con el que esperan sortear eventuales impugnaciones ante el TC.

Las cuentas prevén una necesidad de gasto de 22.481 millones de euros frente a unos ingresos de 19.981, lo que supone 2.500 de diferencia que el Govern espera obtener reclamando al Ejecutivo central el pago de deudas históricas y otros ingresos. También se mantiene el nivel de gasto de 2014 y se recupera la paga extra de los empleados públicos y la jornada y retribución completa de los interinos, entre otros aspectos.