La Policía Nacional prevé detener a más de diez personas en la provincia de Córdoba, de las 114 detenciones de la nueva fase de la Operación Edu, que se desarrolla desde este lunes por parte de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y que investiga el supuesto fraude de los cursos de formación en Andalucía.

En declaraciones a los periodistas, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha manifestado que se espera que haya "más de una decena" de detenidos, si bien recalca que está decretado el secreto de sumario en las actuaciones.

En cualquier caso, valora "el trabajo que se ha realizado durante los meses previos porque la operación ha comenzado este lunes, pero ha tenido un trabajo previo grande por parte de la Policía, la Seguridad Social en Córdoba, que ha colaborado mucho, y el juzgado".

Al respecto, subraya que "el trabajo todavía no ha terminado", al tiempo que felicita a "quienes han participado en el operativo" y destaca el hecho de transmitir a la sociedad que se vive "en un Estado de Derecho, en el que el sistema funciona y quien va contra la ley evidentemente termina siendo perseguido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los tribunales de Justicia".

De este modo, el representante del Ejecutivo central en la provincia muestra su "confianza en que el Estado de Derecho funciona y quien lo quiera incumplir termina en los tribunales".

Más de 2,3 MILLONES

En Córdoba la nueva fase de investigación se refiere a las subvenciones para cursos de formación que supuestamente cobraron tres entidades, Los Califas Escuela de Formación, que presuntamente percibió más de 88.300 euros en una de las convocatorias de los cursos de formación; otra ayuda que supuestamente recayó en Nuevas Tecnologías Escuela de Formación, de más de 67.000 euros, y la Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de Córdoba (Asemeco), que consiguió presuntamente una doble ayuda de 163.600 euros y otra de 22.500 euros, aunque esta empresa ha negado rotundamente haber cometido ningún fraude.

En la provincia en total está siendo investigadas 31 empresas receptoras de 2,3 millones de euros en una adjudicación de enero de 2011 del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que lleva a cabo la investigación y está efectuando las detenciones, no descartando llevar a cabo nuevos arrestos en los próximos días, comenzó este lunes a tomar declaración a unos cinco detenidos, de los que ninguno ha pasado a disposición judicial tras prestar declaración, según confirman fuentes judiciales.

En concreto, la Policía Nacional prevé detener a un total de 114 personas a lo largo de la nueva fase de arrestos iniciada a primera hora de este lunes en el marco de la investigación en torno al supuesto fraude de los cursos de formación en Andalucía. Las operaciones están dirigidas principalmente contra empresarios y promotores, aunque también hay funcionarios públicos implicados, según fuentes del caso.

Estas actuaciones corren a cargo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y suponen la continuación de la denominada operación 'Edu Costa', desplegada el pasado mes de febrero y que se saldó con el arresto de 90 personas, la mayoría de ellos también empresarios vinculados a un total de 52 empresa y promotores, aunque también se arrestó a algunos cargos públicos o exdirigentes.

Mientras aquella fase se realizó sólo en las provincias costeras de Málaga, Cádiz y Almería, en este caso el operativo tiene lugar especialmente en Córdoba, Granada y Jaén, donde las pesquisas de la UDEF ya se encontraban judicializadas en diversos juzgados.

Subvenciones públicas

Las actuaciones están dirigidas contra los responsables de empresas que se beneficiaron de las subvenciones públicas con compromiso de contratación y sobre las que hay sospechas de actuaciones irregulares. Esta operación es el resultado de meses de indagaciones en las que los investigadores de la UDEF llegaron a realizar en torno a 3.500 entrevistas personales con los alumnos y los profesores que impartieron los citados cursos.

A partir de estos trabajos se pudo detectar que había empresas que mentían a la hora de informar sobre el número de alumnos a los que se impartían los cursos o que contrataban profesores con nulo conocimiento sobre los asuntos a tratar.

En ocasiones había empresas que llegaban a acuerdos con personas para contratarlas como profesores a cambio de que estos luego les devolviesen la mitad del sueldo acordado. En otras ocasiones los cursos ni siquiera se llegaban a celebrar, según las fuentes consultadas.