"Estafadas, manipuladas y desamparadas". Así se sienten 50 familias de Arganda del Rey (Madrid) que han perdido gran parte de sus ahorros tras apuntarse a la cooperativa Progreso Arganda, promovida por el PSOE. Fundada en el año 2006 para construir pisos protegidos, la cooperativa entró en concurso de acreedores en febrero de 2014. Durante este periodo, los afectados se dieron de baja porque empeoró su situación económica personal, o el banco no les concedió el préstamo de unos pisos que subieron de precio mientras se construían. La cooperativa no les devolvió el dinero, alegando falta de liquidez. En total, les deben 1,58 millones de euros. Ahora, se están organizando para llevar su caso a los tribunales, al sentirse "engañados" por el PSOE y la gestora de la cooperativa, y descubrir que las viviendas se han levantado en la famosa parcela UE124 de Arganda, una operación urbanística que investiga el juez Pablo Ruz dentro de la trama 'Gürtel', y en la que Francisco Correa se llevó una comisión de 12 millones de euros.

"Estimado compañero: A propuesta de una empresa, afín al partido, que gestiona vivienda pública, nos ha parecido interesante promover en Arganda una cooperativa de viviendas". Con este encabezamiento, la ejecutiva local del PSOE de Arganda del Rey escribió una carta el 14 de noviembre de 2006 invitando a militantes y simpatizantes a formar de esta cooperativa, aunque enseguida la lista se abrió a familiares y conocidos. La carta iba firmada por Victoria Moreno, concejala en Arganda, actual diputada autonómica del Partido Socialista de Madrid y miembro de la gestora que dirige el partido tras la marcha de Tomás Gómez. La cooperativa Progreso Arganda fue creada el 27 de noviembre de 2006. Los socios que se apuntaron, "y que firmamos en la sede local del PSOE", debían dar una entrega inicial de 14.124 euros y luego aportaciones mensuales.

La gestión de la cooperativa se encargó a Alcalá Consultores, "empresa que nos merece la total confianza, al estar gestionada por personas que conocemos, con experiencia en el sector y que ha gestionado cooperativas promovidas por UGT", rezaba la carta de la ejecutiva local. El dueño es Miguel Ángel Pascual Molinillo, ex alto cargo de Gobiernos socialistas con Joaquín Leguina y exgerente de la Sociedad de Fomento del Ayuntamiento de Arganda. La gestora encargó la construcción de los 125 pisos previstos a Imasatec, empresa relacionada con Pascual Molinillo. Imasatec es la propietaria de Imasqu Promotora, entre cuyos consejeros está Pascual Molinillo.

El suelo elegido para que la cooperativa construyera los pisos fue una de las 21 parcelas de la ya famosa Unidad de Ejecución 124, famosa porque esta operación urbanística es una de las piezas principales de la trama ‘Gürtel’. El juez Ruz y la UDEF creen que Francisco Correa dio el gran pelotazo de su vida en esta parcela: 158.000 metros cuadrados donde se pensaban levantar 2.600 viviendas, que el Ayuntamiento gobernado por el PP vendió en noviembre de 2004 a la constructora Martinsa por 77 millones de euros. Las condiciones pactadas fueron tan ventajosos que, un par de años después, Martinsa recuperó 73 millones vendiendo solo una tercera parte del suelo. El exalcalde Ginés Lopez y el exdiputado autonómico Benjamín Martín Vasco están imputados en el caso. Correa se llevó una comisión de doce millones por intermediar.

Progreso Arganda compró la parcela P20 (2.466 metros cuadrados) de la UE124 a Martinsa el 27 de junio de 2007 en proindiviso con una sociedad llamada CyC Desarrollo Inmobiliario. La cooperativa compró 1.563 metros cuadrados por 6.699.000 euros (es decir, el metro cuadrado le salió a 4.285 euros), mientras que por los 903 metros restantes CyC pagó 1.481.000 euros (es decir, a 1.640 euros el metro). Los cooperativistas pagaron cuatro veces más por el mismo suelo que CyC. "Sospechamos que nosotros financiamos la compra de CyC", explica Juan Martínez, uno de los cooperativistas. Cristina, otra afectada, explica que a ella le salía un piso de 64 metros a 184.000 euros, "para ser de una cooperativa y en Arganda, a precio de oro". Un representante de Alcalá Consultores asegura que la parcela P20 tenía dos clasificaciones de suelo (VPPL y alquiler para compra), y que se pagó lo que fija la ley.

En septiembre de 2009 empiezan las obras, pero Imasatec tiene problemas financieros y entra en quiebra y en concurso de acreedores un año después. Los plazos previstos se demoran y no se cumplirán las previsiones dadas a los cooperativistas en los años 2006 y 2007. Ferrovial toma el relevo en las obras. Los pisos ya han subido de precio, ya que la Comunidad Madrid incrementa el módulo del metro cuadrado, y el coste se dispara. De media, los cooperativistas ya saben que los pisos saldrán unos 70.000 euros más caros. La crisis ahoga. Muchos están en paro o con contratos precarios, y los bancos y cajas, que han cortado el grifo de los créditos, no dan la financiación.

Pilar, cocinera, está ahora a punto de jubilarse. Su marido, ya fallecido, era militante socialista, y el matrimonio decidió en 2007 invertir prácticamente todos sus ahorros en un piso de tres dormitorios. Él lamentablemente murió y Pilar decidió seguir sola "con mucho esfuerzo, y pagando religiosamente las cuotas". Pero el piso que ella y su marido querían subió de precio unos 70.000 euros. Caja Madrid no le dio el préstamo y ella tuvo que comunicar a la cooperativa que se daba de baja, no podía escriturar. "Les dio igual. Alcalá Consultores nos prometió muchas veces que nos devolvía el dinero y llevamos años esperando recuperar los 43.000 euros que puso mi madre", señala Norma, su hija. "Estamos decepcionados con el PSOE. Todo ha salido mal y nadie nos ayuda. Mi madre vive de alquiler y hoy sigue pagando el préstamo que sí le dio el banco para pagar los 14.000 euros que te pedían de aportación inicial".

Los pisos se terminaron, 109 en lugar de los 125 previstos inicialmente. La mitad están vacíos. Muchos de los cooperativistas se quedaron en paro, en una situación precaria para poder seguir afrontando pagos. Y la gran mayoría, tras la subida del precio de los pisos, no obtuvo financiación para poder escriturar. Es el caso de Juan, 48 años, a la espera de que un tribunal médico le conceda la incapacidad absoluta por una grave enfermedad. "Entré a la cooperativa por el hermano de una vecina, que era afiliado al PSOE. Me deben 37.500 euros. Cuando debía escriturar, en el año 2012, trabajaba pero no tenía contrato indefinido, por lo que Caja Madrid no me dio el préstamo. Intenté darme de baja, pero la cooperativa argumentó que no era una baja justificada. Nos engañaron a todos".

Muchos cooperativistas intentaron darse de baja. Pocos los consiguieron. Los que aseguran que no lo lograron no saben en qué situación jurídica se encuentran, porque les dijeron que eran bajas no justificadas. Lo que está claro es que estas 50 familias no han recuperado su dinero. Con este panorama la cooperativa se vino abajo y entró en concurso de acreedores en 2014. En total, debe 14.952.032 euros, de los que 11.574.937 euros corresponden a deudas que la cooperativa mantiene con Administraciones públicas y bancos. Los 50 cooperativistas que no han recuperado su dinero también son acreedores, pero ordinarios, por lo que cobrarán después de los acreedores encuadrados en la deuda de 11,5 millones. Reclaman 1,58 millones de euros, el dinero que adelantaron.

La Sareb (más conocido por el 'banco malo') se ha quedado con las hipotecas que financiaron la construcción de sus pisos, más de 50 pisos, cerca de 70  plazas de garaje y seis locales comerciales. Todos están en la venta en Internet. Como mucho, la Sareb espera recuperar 8,69 millones de euros, "por lo nos quedaríamos sin nuestro dinero, ya que esos 8,69 millones serían para cubrir la deuda de 11,5 millones, no la nuestra de 1,6 millones", explican los cooperativistas. Alcalá Consultores también reclama 958.000 euros por su gestión, aunque el administrador concursal le ha clasificado como acreedor subordinado, es decir, cobraría después de los cooperativistas.

Milagros entró en la cooperativa para intentar que su hija, que era entonces universitaria, tuviera un piso a un precio asequible. "Pero me quedé en el paro después de que mi empresa quebrara, y solo teníamos el sueldo de mi marido. Preferimos pagar los estudios de mis dos hijos que seguir en la cooperativa. Yo conseguí que me dieran de baja pero me deben 40.000 euros, aunque el administrador concursal solo ha reconocido 38.000 euros. Me di de baja hace ya cinco años y sigo esperando recuperar mi dinero. No tengo trabajo fijo, solo me sale alguna suplencia. Es nuestro derecho, es nuestro dinero".

Seis cooperativistas decidieron denunciar por separado para reclamar el dinero que adelantaron, aunque el concurso de acreedores paralizó estas demandas. Las familias se sienten engañadas, manipuladas y desamparadas "por la mala gestión llevada a cabo tanto por la agrupación socialista de Arganda, que se quiere quitar el problema de encima, como por la gestora". Aseguran que se han reunido con el equipo de Pedro Sánchez y que hablaron con Tomás Gómez, que les recomendó al asesor jurídico del partido Wilfredo Jurado, investigado por la UDEF en el caso del sobrecoste del tranvía de Parla. "No ha hecho nada" y los cooperativistas, que está empezando a agruparse, buscan nuevos letrados que no estén "contaminados por el partido".

Guillermo Hita, candidato del PSOE a la Alcaldía de Arganda, señala a 20minutos que se ha reunido con los cooperativistas para ayudarles en lo que pueda. "Trasciende del ámbito del partido. Los cooperativistas son los dueños de la cooperativa". Hita reconoce, no obstante, que la cooperativa "fue alentada por el partido", pero asegura " que es un problema de subrogación de hipotecas, de que Caja Madrid no concedió préstamos a la mayoría de los cooperativistas". El candidato asegura que se reunirá si es preciso con el juez mercantil y la Sareb para ayudar a solucionar el problema, y afirma que entre los afectados hay gente que va en su propia candidatura. De la misma opinión es la diputada Victoria Moreno: "tengo amigos entre los afectados. Intentaremos ayudarles. Pero fue un problema de subrogación de hipotecas, la culpa es de Caja Madrid".

A Esteban le deben 38.000 euros. "Me quedé en el paro y dije que no podía seguir pagando. Me dijeron que para darme de baja tenía que abonar seis mensualidades más. Y lo hice. Pero nunca me pagaron. Encima el piso que yo iba a ocupar fue vendido, pero no me han devuelto el dinero. Ahora vivo en una casa de mis padres con mi mujer y mi hijo recién nacido. Necesito recuperar mi dinero". El representante de Alcalá Consultores asegura que entiende la situación por la que están pasando estas familias, pero insiste en que los socios son los "autopromotores. Cuando un socio se da de baja debe haber uno que lo sustituya. Vivimos un momento de crisis y muchos socios no lograron financiación. Se dio la circunstancia que muchos se dieron de baja y no hubo nuevas altas. No hay dinero, está invertido. Por eso estamos en concurso, porque hay que pagar los préstamos, incluso nuestros honorarios, que no hemos cobrado".