El Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga ha instado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de la capital a colaborar con "lealtad institucional" para acordar las medidas correctoras necesarias con las que tratar de garantizar la seguridad de los sectores localizados en las márgenes del río Guadalhorce y que pudieran verse afectados por una gran avenida de agua. Un asunto, en suma, que "debe sacarse de la pelea política".

El decano de la entidad colegial, Antonio Vargas, ha considerado que las administraciones implicadas deberían tomarse este asunto "con calma y con colaboración institucional, y no empezar directamente con un enfrentamiento, porque entonces nada tendrá sentido", al tiempo que ha dejado claro que "las expectativas económicas no pueden estar por encima de un riesgo hidráulico racional".

Por ello, ha insistido en la necesidad de que "entre todos, incluidos los propietarios de suelos afectados, se consensúen soluciones al problema, con un equilibrio entre todas las partes". Respecto a quién tendría que sufragar esas medidas correctoras, ha opinado que, a priori, deberían de implicarse todas las partes —Junta, Ayuntamiento y empresarios—.

Tras la polémica generada al respecto, Vargas ha criticado que el Consistorio, tal y como acordó durante el último pleno municipal, rechace de entrada este estudio de la Junta, que amplía las zonas inundables en caso de una avenida con un periodo de retorno de 500 años en la parte final del río, y ha hecho hincapié en que "si existe un riesgo, existe, y no es algo que se pueda cuestionar, sino que obliga a tomar unas medidas para tratar de evitarlo".

"un riesgo es un hecho objetivo"

"El hecho de que exista un riesgo no es una decisión, sino un hecho objetivo; un estudio técnico no se rechaza, no cabe un posicionamiento ideológico; se podrá matizar y ver si las hipótesis de partida son las adecuadas, pero no rechazarlo sin más", ha subrayado a Europa Press el decano del Colegio de Arquitectos.

Eso sí, Vargas ha reiterado que "otra cosa es que, conociendo el estudio en profundidad, se concluya que hay alguna cosa que puede ser matizable o corregida y que se hable, incluso, de las medidas correctoras".

Y es que, tal y como ha apuntado, quizá "la Junta desde el inicio tendría que haberse sentado a discutir las medidas necesarias para abordar las soluciones a los problemas", pero, independientemente de ello, "el Ayuntamiento no puede negar la mayor". "Si ahora se determina que existe un riesgo, no se puede ignorar anteponiendo un valor económico", ha alertado.

Lo que corresponde ante esta situación es que "las administraciones competentes se pongan de acuerdo en las medidas correctoras oportunas, tratando de minimizar los efectos que ello conlleve". Pero sin olvidar, ha vuelto a destacar, que "las expectativas económicas no pueden estar por encima de un riesgo hidráulico racional".

Moción aprobada

A raíz de la moción urgente presentada por el equipo de gobierno del PP en el pleno del pasado jueves, que contó con el apoyo de IU y la abstención del PSOE, el Ayuntamiento reclamará a la Junta que adopte nuevos criterios que conduzcan a conclusiones "más racionales" y que dé a la Administración local la oportunidad de participar de forma activa en ese proceso.

También que las obras necesarias para la prevención de inundaciones se ejecuten con cargo al Gobierno andaluz y que, para ello, cuente con la colaboración del Consistorio y del Ejecutivo central, contemplando, incluso, la incorporación de fondos europeos.

Se le solicitará, de igual modo, que tenga en cuenta las obras que ya estaban previstas, planificadas y proyectadas, como el encauzamiento del Campanillas, la prolongación hacia el norte de los trabajos para encauzar el Guadalhorce o el acondicionamiento del puente de la antigua N-340, cuya capacidad actual es inferior a la del propio río. Precisamente, el alcalde, Francisco de la Torre, instó a la Junta a acometer la ampliación de esta infraestructura como solución a posibles avenidas de agua.