El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado nula parte de la Orden 7/2012 relativa a los efectos económicos de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que establecía que estos tendrían lugar "desde el primer día del mes siguiente a la fecha de resolución que reconozca el derecho a su percepción" y que modificaba la anterior norma, de 2008, en la que se establecía que sería desde el primer día del mes siguiente a la fecha de solicitud.

La sentencia responde al recurso contencioso interpuesto por el sindicato contra la base quinta del Anexo I, de la Orden 7/2012, de 20 de febrero, de la Conselleria de Bienestar Social, que establecía la modificación según la cual los efectos económicos comenzarían el día 1 del mes siguiente a la resolución que reconozca el derecho a percibir la renta.

En un comunicado, UGT- PV ha explicado que la sentencia "tiene mucha importancia para los solicitantes de la prestación de la renta, pues los efectos económicos se veían postergados al momento en que la Administración resolvía la solicitud del ciudadano y a partir de ahora, en función de lo dictaminado por el TSJ, será la fecha de presentación de la solicitud del ciudadano la que determine el reconocimiento del derecho y, por lo tanto de la generación los efectos económicos".

Para la central sindical esta sentencia "cobra especial relevancia en orden a atender las necesidades de los ciudadanos en momentos en el que el índice de pobreza y exclusión social supera el 30 por ciento en el ámbito de la Comunitat, y donde la extensión del sistema de rentas mínimas supone menos de una tercera parte de la media estatal", en palabras de la secretaria de Política Social de UGT-PV, Isabel López Atienza.

Asimismo, ha mostrado su sorpresa por el "llamativo" hecho de que la Generalitat alegara en este caso que UGT-PV no tenía legitimidad para denunciar estos hechos en los tribunales, argumento que el TSJCV rechaza en la sentencia.