El sindicato CSI-F ha resaltado el "enorme trabajo del escaso colectivo de los inspectores de consumo de la Junta, al tiempo que ha exigido "más plazas y más profesionalización en las jefaturas provinciales", de acuerdo con la aprobación de una nueva Ley del Estatuto del Consumidor, que "pretende proteger mejor al consumidor".

La Inspección de Consumo, según señalan fuentes de CSI-F en un comunicado recogido por Europa Press, realizó en el año 2014 casi 14.000 acciones en Castilla y León, concretamente 13.894, entre las que se incluyen 1.055 tomas de muestra de productos o inspecciones de oficio.

"Unas cifras importantes, que da idea del enorme trabajo y esfuerzo que tienen que hacer los 35 inspectores activos con que cuenta la Junta en este momento, y motivo por el que pedimos que se cubran los 55 puestos que recoge la RPT, a pesar de que esa plantilla ya ha quedado claramente insuficiente, ante las necesidades y las demandas que han generado un nuevo comercio globalizado, con nuevas herramientas tecnológicas", han recalcado fuentes sindicales.

En todo caso, CSI-F da "la bienvenida" a una nueva Ley del Estatuto del Consumidor, que se ha aprobado este viernes en las Cortes, "una normativa muy importante, como es la defensa y protección de los consumidores, es decir, su salud, su seguridad y sus legítimos intereses económicos", que debe acompañarse de unos recursos personales suficientes.

Según los datos, de las 13.894 actuaciones realizadas en 2014 por los 35 inspectores de consumo de Castilla y León, 10.761 se refieren a productos industriales, 2.320 a productos alimenticios y 813 a servicios. En Ávila hubo un total de 424 actuaciones; 104 de productos alimenticios, 287 de productos industriales y 33 de servicios. En Burgos el total sumó 419, con 104, 287 y 33, respectivamente, para cada uno de esos tres grupos de productos.

En León el total de las actuaciones fue de 1307, con 203, 1.005 y 99, para productos alimenticios, industriales y servicios. En Palencia sumaron 1.779 las actuaciones, con 254, 1.434 y 91, para los tres tipos de productos. En Salamanca, el total alcanzó 1.087, con 345, 676 y 66 actuaciones, respectivamente. En Segovia 513, con 154, 337 y 22; en Soria 282, con 72, 187 y 23; en Valladolid 3.771, con 460, 2.950 y 301, para los productos alimenticios, productos industriales y servicios, respectivamente; y en Zamora 3.121, con 309, 2.764 y 48.

Relación de puestos de trabajo

La actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevé, han asegurado, unos ratios que van de las 27.893 personas (para cada uno de los seis inspectores de la RPT en Palencia), a los 54.405 consumidores de cada uno de los 9 inspectores que la RPT prevé para León. Sin embargo, como faltan 20 plazas sin cubrir en la Comunidad, los ratios se disparan hasta llegar a que toda la población de la provincia de Ávila (unas 170.000 personas) y la de Soria (94.000) sólo cuentan con un inspector de consumo.

Respecto al reciente concurso que se ha resuelto provisionalmente, han considerado que "se han quedado sin cubrir respecto a la RPT" tres plazas en Ávila, tres en Burgos, dos en León, tres en Palencia, tres en Salamanca, dos en Segovia, dos en Soria y dos en Zamora (donde se ha reducido una plaza tras el concurso de enero). Valladolid es la única que, tras el concurso, contará con las mismas plazas que la RPT, es decir, once.

Otra de las preocupaciones de CSI-F es la "desprofesionalización del servicio", por lo que exige que se reconozcan los méritos profesionales de quienes acceden a las jefaturas de las inspecciones provinciales de consumo, ya que ahora no se exige ninguna formación ni experiencia en el ámbito de la inspección del consumo, "lo que resulta sorprendente", lamenta CSI-F.

El sindicato independiente teme que la nueva ley del consumidor "quede en papel mojado, si a la principal herramienta con la que cuenta la Junta de Castilla y León, como es la Inspección de Consumo, no se dota de los recursos personales suficientes". De hecho, entienden que en las Cortes se ha destacado que la nueva normativa potencia la capacidad inspectora, el control y la vigilancia de la administración de los productos; y que se mejora la regulación.

Sin embargo, CSI-F se pregunta si la Junta "ha planteado incrementar la plantilla de inspectores, porque es de suponer que la normativa que se acaba de aprobar exigirá más trabajo y más recursos para garantizar la defensa y protección de los consumidores, es decir, su salud, su seguridad y sus legítimos intereses económicos".