La Fiscalía solicita nueve años de cárcel y 14 de inhabilitación para un funcionario que, aprovechando su cargo como auxiliar en el servicio de expedición de DNI y pasaportes, habría malversado 4.847 euros de los que se apoderó una vez los ciudadanos -hasta un total de 476 resultaron perjudicados- pagaban el importe correspondiente a la renovación de sus documentos identificativos.

El inculpado, Rufo M.B., será juzgado el martes y miércoles de la próxima semana, a partir de las 10.00 horas, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. En concreto, el Ministerio Público le acusa de un delito continuado de malversación (por el que reclama cuatro años de prisión) y de falsedad en documento oficial (cinco años).

Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, los hechos sucedieron entre junio de 2007, cuando el funcionario tomó posesión de su cargo en el departamento dependiente de la Brigada de Extranjería y Documentación, y mayo de 2008, fecha en la que fue suspendido de funciones. Su actuación delictiva la realizó tanto en su inicial destino en la Comisaría de Moratalaz (Madrid) y la de Palma.

Así, con el objetivo obtener un beneficio patrimonial, el procesado se quedaba con los importes que los ciudadanos le pagaban por renovar sus DNIs -hasta 6,8 euros por documento-, borrando a continuación los datos de tal modo que no quedase constancia en el sistema informático de las operaciones que había llevado a cabo.

En otras ocasiones, señala la acusación pública, Rufo M.B. tramitaba como gratuitas las renovaciones de documentos que exigían el pago de la tasa, apoderándose de las cantidades que le entregaban los usuarios. El inculpado estuvo privado de libertad por estos hechos del 23 al 26 de mayo de 2008.

La Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la Administración del Estado con los 4.847 euros más intereses, así como el pago de una multa de 6.000 euros.