El Gobierno ha aprobado una serie de medidas que incluyen la exoneración de deudas a particulares y pymes a través de un procedimiento concursal, aunque no frente a créditos públicos, ha retirado las cláusulas suelo a colectivos vulnerables y ha apoyado bonificaciones a familias y autónomos.

El Consejo de Ministros ha aprobado varios reales decretos, entre ellos el denominado de 'Segunda Oportunidad' cuyo fin es aliviar la deuda de particulares con buena fe y de empresas que ya no pueden hacer frente a sus acreedores.

Además, el Gobierno ha dado luz verde a una tarifa plana de 500 euros para los nuevos contratos indefinidos que no pagarán cotización a la Seguridad Social durante dos años.

Se aplicará un tipo progresivo, de forma que el ahorro respecto de la cotización será mayor para los salarios más pequeños y después se irá incrementando. La nueva tarifa reducida obligará al empresario a aumentar la plantilla y el número de trabajadores fijos y obliga a mantener el empleo generado con los nuevos contratos durante al menos tres años. Esta ayuda a la contratación se suma a la bonificación del 100% en las cuotas a la Seguridad Social que también ha aprobado el Gobierno para los trabajadores autónomos que necesiten reducir jornada por el cuidado de hijos menores de 7 años o familiares en situación de dependencia y que supondrá un ahorro de 3.000 euros anuales.

No obstante, la medida estrella ha sido el Decreto Ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad y Reducción de la Carga Financiera y otras Medidas de Orden Social que permitirá mediante un proceso concursal la exoneración de todas las deudas de empresas y particulares, aunque no se cubran con la totalidad de los bienes. El objetivo es conciliar intereses de acreedores y deudores mediante unos procedimientos con garantías que permitan afrontar el pago de las deudas de forma ordenada, a través de acuerdos extrajudiciales con mediadores que serán notarios o las propias Cámaras de Comercio.

El Gobierno ha señalado que no quedarán exoneradas las deudas registradas con la Administración Pública Durante el plazo de estas negociaciones se suspenden las ejecuciones de bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual. Sin embargo, el Gobierno ha señalado que no quedarán exoneradas las deudas registradas con la Administración Pública al entender que los créditos públicos "son de todos frente al deudor".

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que estos créditos llevan su propia metodología y ha añadido que no suelen ser importantes para las personas físicas y sí para actividades empresariales. Asimismo, el Ministerio de Economía considera que los créditos de los bancos no serán más caros tras aprobarse la ley de segunda oportunidad, que, en su opinión, no incentiva las insolvencias estratégicas.

Economía ha subrayado que la normativa, que será tramitada como proyecto de ley y podrá tener cambios durante su proceso parlamentario, no pretende una dación en pago selectiva, ya que el deudor no elige los bienes que le conviene para liquidar al tratarse de una liquidación global del patrimonio.

Dentro de este decreto ley, el Gobierno ha aumentado la protección a los colectivos más vulnerables, que quedarán excluidos de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, al tiempo que ha prorrogado hasta 2017 la suspensión de los desahucios que vencía en mayo de este año.

El código de buenas prácticas ha permitido ya que se lleven a cabo 3.500 daciones en pago También contempla que se incremente el límite anual de renta para acogerse al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, que pasaría de 19.170 a 22.365 euros en 2015. El código de buenas prácticas ha permitido ya que se lleven a cabo 3.500 daciones en pago, y más de 2.000 familias se han acogido al fondo social de vivienda, al mismo tiempo que se han paralizado más de 12.000 lanzamientos o desahucios.

De Guindos ha explicado que se trata de dar una segunda oportunidad a los deudores de buena fe, un proceso que ha sido posible porque la situación de la economía española ha cambiado. Entre los supuestos de especial vulnerabilidad estarán incluidos los mayores de 60 años.

Otra de las medidas que ha aprobado el Gobierno es una deducción fiscal de 1.200 euros anuales para familias monoparentales con dos hijos a cargo y para familias numerosas, o con ascendientes o descendientes discapacitados que estén sostenidas por pensionistas o parados.

La PAH pide que no dependa de voluntad acreedores

Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha pedido al Gobierno que el decreto ley de segunda oportunidad no dependa sólo de la voluntad de los acreedores y que "no sea otro fracaso con un impacto ínfimo en la situación de las familias en ejecución hipotecaria".

En un comunicado, la PAH critica "la opacidad y confusión total" sobre la elaboración de este decreto ley, cuyo contenido no ha sido explicado.

"Desde la PAH, tras años presentando una propuesta articulada a través de la iniciativa legislativa popular en 2013, nos tememos que las medidas del Gobierno tengan demasiadas limitaciones que las conviertan en ineficaces y vuelvan a condenarlas al fracaso", augura la plataforma.

El impacto de buenas prácticas del gobierno solo consiguió daciones en pago para el 0,7% de los afectadosTras recordar el "fracaso absoluto" de todas las medidas implantadas por los gobiernos del PP y del PSOE para frenar los desahucios, la PAH ha calificado de "ridículo" el impacto del código de buenas prácticas que impulsó el Gobierno, que "sólo ha conseguido daciones en pago para un 0,7 % de los afectados".

La PAH ha pedido que la anunciada ley de segunda oportunidad incluya sin condiciones el préstamo hipotecario, que actualmente está excluido en los procedimientos concursales, ya que "se trata de la principal deuda de la ciudadanía".

"Ha quedado demostrado que los mecanismos de segunda oportunidad (como los procedimientos extrajudiciales), cuando dependen de la voluntad de las entidades financieras, están condenados al fracaso: siendo un mero trámite sin ninguna posibilidad de acuerdo, o simplemente una vía que ni siquiera se inicia", avisa la PAH.

Todas las personas merecen una segunda oportunidad

Además, quiere que "no se establezca ningún tipo de restricción a los deudores de buena fe, ni de tipo económico ni social", porque "todas las personas en situación de sobreendeudamiento que han contraído los préstamos de buena fe merecen una segunda oportunidad, independientemente de la situación familiar que tengan y las condiciones económicas del crédito".

Igualmente, la plataforma reivindica que "la mera solicitud del procedimiento extrajudicial suspenda temporalmente cualquier ejecución de deudas del afectado" y que la nulidad de las cláusulas suelo se extienda a todas las personas afectadas y suponga la obligación de devolución de las cantidades pagadas en aplicación de los mismos.

Es un derecho de todos los ciudadanos y no pueden limitarse a casos de extrema necesidadLa PAH recuerda al Gobierno que la "segunda oportunidad" ya está prevista en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de los países europeos "y es un derecho de todos los ciudadanos, y no puede limitarse a casos de extrema necesidad y especial vulnerabilidad".

"La insolvencia sobrevenida para miles de familias que fueron víctimas del estallido de la burbuja inmobiliaria no puede seguir suponiendo una condena a la exclusión social y a la desesperanza. Ya está bien que los intereses especulativos de los bancos pisoteen el derecho a la vivienda de los afectados", concluye el comunicado de la PAH.