La Diputación Permanente del Parlamento ha convalidado este viernes por unanimidad el decreto ley del Gobierno andaluz por el que se prorroga durante este año, con una dotación de tres millones de euros, la línea de ayudas directas a los municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales incluidas en el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha informado ante la Diputación Permanente de que esta medida está justificada por el riesgo de que queden sin cubrir demandas alimentarias básicas de personas y familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

La cuantía aprobada se distribuirá de forma proporcional a la población de derecho de los municipios incluidos en la medida. Las 493 localidades de más de 1.000 habitantes recibirán directamente la ayuda, mientras que las diputaciones provinciales se encargarán de canalizar las cantidades a los de inferior población. Las entidades locales contarán con un plazo de quince días, a partir de la entrada en vigor del decreto ley, para presentar sus solicitudes.

Según ha explicado, esta dotación se suma a otras líneas de acción que, en su conjunto, suponen 23,2 millones. Así, ha recordado que la Junta destina una partida de ayuda alimentaria a través de ONG, por valor de 730.000 euros; ayudas para suministros vitales, como luz y agua, a través de los ayuntamientos por valor de 6,5 millones de euros; a fondos para infancia a través también de ayuntamientos, por 4,5 millones de euros; a ayudas alimentarias a escolares con tres millones de euros; a escuelas de verano, cuando no hay comedores escolares, con 1,5 millones; al cátering para personas mayores, por 500.000 euros, y a ayudas a redes alimentarias, con un presupuesto de 3,5 millones de euros.

En su opinión, suponen políticas sociales que promueven el desarrollo de una red y un tejido de servicios sociales amplio y diversificado y que, también, contribuyen a impulsar la cooperación entre la Administración de la comunidad autónoma y las entidades locales.

El Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria se incluye en el decreto ley de medidas urgentes de inclusión social aprobado por el Gobierno andaluz el pasado 10 de junio con el fin de paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables de la comunidad autónoma, especialmente las personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y las familias con todos sus miembros en paro.

El vicepresidente ha insistido en la necesidad de esta medida del Gobierno andaluz porque "no podemos dejar atrás a los más vulnerables de nuestra sociedad" y porque "debemos actuar bajo conciencia y con responsabilidad y así adoptar las medidas necesarias que combatan esta inadmisible realidad".

PP-A

Cree que es "electoralista"

Por su parte, la diputada del PP-A Esperanza Oña ha señalado que es verdad que los gobiernos tienen que ser sensibles y conscientes de la realidad que existe en la sociedad y tener presentes sobre todo a las personas que están en una situación de exclusión social, pero en Andalucía desde hace muchos años gobierna el mismo partido y es donde hay mas personas en exclusión social, en situaciones de marginación y en paro.

Ha manifestado que en otras comunidades, donde se siguen políticas distintas a las del Gobierno andaluz, la exclusión o pobreza social no es tan grande ni hay tantas familias con todos sus miembros en paro. Oña ha denunciado que al PSOE-A se le llena la boca a la hora de "hacer propaganda a costa de las personas que peor la pasan" y ha pedido algo de "humildad" a ese partido. Ha considerado este decreto, que tiene una dotación "insuficiente", es una medida "electoral" y ha dudado de la "preocupación social" de los socialistas.

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha puesto en valor que el Gobierno andaluz que está legislando y actuando ante situaciones duras y los gobernantes responsables tienen que ponerle la cara a esas situaciones y no volverla.

Ha señalado que el decreto se fundamenta en una estrategia de responsabilidad compartida entre la Junta, las corporaciones locales y entidades sociales de toda orientación que dan la batalla todos los días en la comunidad. Ha lamentado que hubiera quien llegara a comparar a Andalucía con Etiopía por hacer frente a situaciones de exclusión tan complicadas y que no se haya encontrado la complicidad del Gobierno central para llevar a cabo acciones de solidaridad.

El portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, ha expresado el apoyo de su partido a esta medida, porque, sin duda, la crisis está conllevando importantes problemas de exclusión que es necesario combatir. Ha apuntado que este decreto ley es certificador de "la persistencia del riesgo de exclusión social" en Andalucía. Ha indicado que esto tiene mucho que ver con la precarización absoluta que se está produciendo en el mundo laboral, ya que hay miles de trabajadores que no llegan a final de mes.