La Oficina de la Defensora del Pueblo tramitó el año pasado un total de 2.252 quejas procedentes de Andalucía, lo que supone un descenso del 21,4 por ciento con respecto a 2013, año en el que ya se había registrado una bajada del 32,9 por ciento en el volumen de las quejas procedentes de la región.

Las quejas con origen Andalucía suponen el 9,58 por ciento de las 23.186 registradas en el conjunto del país, una cifra que se mantiene en línea con las 22.692 del año 2013.

En cuanto a las peticiones de recurso ante el Tribunal Constitucional, desde Andalucía se formularon 21, un descenso del 98,9 por ciento con respecto a las 1.981 del año 2013. Además, la institución que preside Soledad Becerril recibió 377 expedientes de queja procedentes del Defensor del Pueblo Andaluz, diez menos que en 2013 y que suponen el 20,7 por ciento del total recibidos de los defensores del pueblo de las diferentes comunidades autónomas.

Becerril ha presentado este jueves el informe anual de 2014 de la institución a los presidentes del Congreso y el Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, respectivamente. El informe pone de manifiesto que la Oficina incrementó sus actuaciones de oficio un 41 por ciento el año pasado, cuando inició 489 expedientes que en la mayoría de los casos versaban sobre inclusión educativa de alumnos con discapacidad, supervisión de acogida de inmigrantes, problemas sobre pobreza energética, cortes de suministro eléctrico y sistemas de facturación.

Las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos a lo largo de 2014 tuvieron que ver con asuntos sociales, como percepción de rentas mínimas o prestaciones de dependencia; problemas sobre impuestos estatales, autonómicos y locales; y retrasos en la administración de justicia.

En cuanto a las quejas, a las 23.186 de los ciudadanos que recibió la institución se suman 289 escritos de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad. Del total, 1.820 procedían de parlamentos autonómicos y cuatro de defensores del pueblo regionales.

El informe detalla que parte de las comunicaciones iban suscritas por un grupo de ciudadanos, de forma que el total que acudió el año pasado al Defensor del Pueblo asciende a 69.916. Otros 20.088 fueron atendidos personalmente, 3.426 de forma presencial y 16.662 por teléfono.

Como consecuencia de estas quejas, el Defensor del Pueblo formuló ante las distintas Administraciones 467 recomendaciones y 604 sugerencias de las que siete de cada diez fueron admitidas. En concreto, 217 recomendaciones se admitieron, 84 se rechazaron y 166 están pendientes de respuesta. De las sugerencias, la admisión fue de 234, frente a 103 rechazadas y 267 aún pendientes.

Administraciones "hostiles"

No obstante, no todas las administraciones responden con diligencia. El Informe, como cada año, recoge una lista de entidades "hostiles o entorpecedoras" de su labor, entre las que no hay ninguna andaluza.

Figuran en ella, la Administración General del Estado, la Gerencia Territorial del Catastro en Segovia, y total de siete ayuntamientos (Santomera, Porto do Son, Llanes, La Unión, Camarma de Esteruelas, Buñol y Carabaña) y dos entidades locales (Junta Vecinal de Galarde y Entidad Local Menor de Ayega).

Respecto a los recursos de inconstitucionalidad, ciudadanos, partidos políticos o asociaciones instaron al Defensor del Pueblo a acudir al alto tribunal contra 23 normas, la mayoría leyes emanadas de las Cortes Generales y reales decretos-ley aprobados por el Gobierno, como la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), la de Racionalización de la Administración Local o los Presupuestos Generales del Estado para 2014. También se le pidió el recurso contra normas autonómicas, como la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Finalmente, la Defensora presentó recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras a instancia de un parlamentario nacional, porque atribuye al ejecutivo municipal competencias que son del Pleno del Ayuntamiento, facultándole a adoptar medidas económicas aunque hayan sido rechazadas en votación.