Martinsa Fadesa apura al máximo el plazo, que concluye mañana jueves, 26 de febrero, para sumar el suficiente apoyo de sus bancos al nuevo convenio de acreedores presentado para afrontar su deuda de 3.500 millones que le permita evitar la liquidación.

La compañía que controla y preside Fernando Martín está fundamentalmente pendiente de sus dos principales acreedores, Sareb y CaixaBank, que prevén decidir este jueves si finalmente apoyan el plan de la empresa, según informaron a Europa Press en fuentes del proceso.

El resto de principales entidades financieras acreedoras de la empresa continuaban analizando las distintas opciones. De esta forma, a última hora de de este miércoles, Martinsa no sumaba aún adhesiones de acreedores equivalentes al 75% de su deuda, el porcentaje necesario para que el juez valide su nuevo plan para pagar su pasivo.

En los últimos días y horas los contactos entre los bancos, y entre éstos y la empresa, han sido prácticamente continuos. Según indican dichas fuentes, la empresa señala a la mejora de la economía y del sector inmobiliario, y a la plantilla de 3.000 empleados de Martinsa para contribuir a que las entidades se sumen al plan.

Martinsa Fadesa presentó el pasado 30 de diciembre ante el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña una solicitud de reforma del convenio de acreedores con el que en marzo de 2011 superó el mayor concurso de la historia empresarial española, ante la falta de liquidez que afrontar el calendario de pago de deuda que establecía.

La compañía no pudo atender a la devolución del 23% de su deuda estipulada para el pasado 31 de diciembre, y además aún tiene pendiente el pago correspondiente a diciembre de 2013.

No obstante, elevó su plan al juez sin lograr previamente un acuerdo con los bancos, dado que la propuesta no les acabó de convencer.

A ello se sumó la reciente sentencia del Tribunal Supremo rechazando la reclamación de 1.500 millones de euros que la compañía había planteado a los antiguos gestores de Fadesa, que las entidades financieras consideran que compromete aún más la viabilidad de la inmobiliaria, que además debe asumir las costas de unos 50 millones de euros de este proceso judicial.

Canje de deuda por acciones y activos.

En su reforma de convenio, Martinsa ofrece a los bancos tomar hasta un 70% de su capital social mediante un determinado procedimiento y calendario de capitalización de deuda, y atender el 30% del pasivo mediante un canje de activos inmobiliarios.

La empresa presidida por Fernando Martín pidió al juez reformar su plan de pago de deuda en virtud de la reforma de la Ley Concursal que el Gobierno aprobó en septiembre de 2014.No obstante, para que el juzgado la apruebe debe sumar un porcentaje de adhesión de los bancos acreedores del 75%.

Martinsa llevaba negociando más de un año sin lograr acuerdo alguno, pero la falta de acuerdo llevó a la empresa a remitir al juez de forma unilateral su nuevo convenio 'in extremis', el pasado 30 de diciembre, un día antes de tener que afrontar el segundo impago consecutivo del convenio actualmente vigente, que le habría abocado a la liquidación.